Seis trabajadoras de O Berce llevan meses sin cobrar y denuncian quedar atrapadas en un limbo laboral
Seis trabajadoras de la escuela infantil O Berce, en Arteixo, llevan desde abril sin percibir sus salarios y continúan vinculadas a la empresa a pesar de que el centro ya ha sido desmantelado. La situación ha llevado a las empleadas a concentrarse este lunes para reclamar el pago inmediato de las cantidades pendientes y una solución que les permita salir de una situación laboral que consideran insostenible.
La denuncia parte de la CIG, que explica que la propietaria de la empresa Os Gosendes comunicó en julio su intención de cerrar la escuela. Sin embargo, según el sindicato, en lugar de rescindir los contratos y liquidar las deudas salariales, las trabajadoras recibieron inicialmente un permiso retribuido durante el mes de agosto, posteriormente ampliado a septiembre.
El problema es que, mientras las empleadas continúan formalmente contratadas, ya no existe el centro en el que desarrollar su trabajo, puesto que las instalaciones han sido desmanteladas. Según la CIG, tampoco pueden acceder a la prestación por desempleo al no disponer de una carta de despido.
La situación, según relatan las propias trabajadoras, no comenzó este año. Los retrasos en el pago de las nóminas se remontan a finales de 2024, aunque hasta entonces no habían llegado a acumular más de tres meses de deuda. El escenario habría empeorado a partir de noviembre de 2025, cuando, siempre según la versión trasladada por el sindicato, una representante legal de la empresa les comunicó la suspensión de los salarios durante dos meses.
Fue entonces cuando las trabajadoras acudieron a la Inspección de Trabajo, ante los retrasos salariales y la incertidumbre sobre el futuro de la escuela.
Un conflicto que también ha afectado al personal
La CIG asegura que la situación fue provocando un deterioro progresivo del ambiente laboral y denuncia también episodios de presión psicológica sobre las empleadas. El sindicato señala que algunas de ellas llegaron a sufrir consecuencias sobre su salud y que cuatro de las seis trabajadoras estuvieron de baja médica.
Finalmente, el 31 de julio, la empresa comunicó el cierre de la escuela por motivos económicos que, según la CIG, no fueron justificados ante el personal. Las trabajadoras pasaron así al permiso retribuido durante agosto y posteriormente durante septiembre, mientras los salarios continuaban sin llegar.
Ahora reclaman que se regularice su situación y que se les permita acceder a las prestaciones que les correspondan. Las empleadas ya han presentado nuevas denuncias ante la Inspección de Trabajo y, además, han solicitado judicialmente la rescisión de sus contratos.
Con la concentración de este lunes, las trabajadoras han querido hacer visible un conflicto que, según denuncian, lleva meses sin solución. Su principal demanda es clara: cobrar los salarios pendientes y dejar atrás una situación en la que, según la CIG, ni tienen un puesto al que acudir ni pueden acceder al desempleo al continuar formalmente contratadas.