La Xunta lleva a la Universidad el futuro de la vivienda industrializada mientras Monte Mero sigue pendiente de sus familias afectadas
La Xunta y la Universidad de A Coruña (UDC) quieren acercar al alumnado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAC) el debate sobre el futuro de la vivienda pública y, en particular, sobre la construcción industrializada. La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, y el rector de la UDC, Ricardo Cao, firmaron este miércoles un convenio de colaboración para desarrollar propuestas de ordenación urbana y vivienda colectiva que permitan explorar nuevas estrategias para la producción residencial pública en Galicia.
El acuerdo contempla la incorporación de un módulo de investigación aplicada sobre vivienda pública industrializada al programa de trabajos de fin de máster de la ETSAC durante el curso 2026/2027. El alumnado deberá elaborar propuestas que incluyan la ordenación de los ámbitos seleccionados, las ordenanzas reguladoras y un análisis del desarrollo urbano y de la edificación resultante, con especial atención a las nuevas tipologías residenciales y al empleo de técnicas industrializadas.
El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) será el encargado de proponer uno o varios ámbitos de suelo urbanizable sobre los que trabajará el alumnado. La Xunta aportará para el desarrollo del programa un máximo de 19.350 euros.
La Universidad deberá también publicar los trabajos realizados, organizar una exposición sobre los mismos y desarrollar un ciclo de conferencias sobre vivienda industrializada y producción residencial pública.
UN MODELO QUE MIRA AL FUTURO
El convenio llega en un momento en el que la Xunta está impulsando diferentes instrumentos para incrementar la disponibilidad de suelo residencial. Entre ellos se encuentra el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) de Monte Mero, en A Coruña, uno de los mayores desarrollos residenciales previstos actualmente en la ciudad.
El PIA abarca 404.074 metros cuadrados y tiene una capacidad estimada para unas 4.397 viviendas, de las que el 80,07 % estarían sometidas a algún régimen de protección pública. El proyecto fue aprobado inicialmente y sometido a información pública en abril de este año.
La Xunta prevé en este ámbito un nuevo barrio para unas 13.000 personas y anunció una inversión pública de 66 millones de euros, además de una previsión de 800 millones de inversión inducida. La planificación autonómica sitúa en 2027 la licitación de la urbanización y en 2028 la posibilidad de compatibilizar las obras de urbanización con la construcción de las primeras viviendas.
Sobre el papel, Monte Mero encaja precisamente en esa búsqueda de nuevas fórmulas para aumentar la oferta residencial protegida. El proyecto pretende crear suelo para miles de viviendas en una de las zonas de expansión de A Coruña e incorpora también zonas verdes, equipamientos y nuevas conexiones urbanas.
PERO MONTE MERO TIENE TAMBIÉN OTRA CARA
El desarrollo, sin embargo, lleva meses acompañado de un conflicto vecinal por el impacto de las expropiaciones necesarias para ejecutar el nuevo barrio.
Las familias afectadas reclamaron soluciones individualizadas y garantías sobre su futuro. La Xunta anunció en marzo que ofrecerá una vivienda de sustitución a las personas que tengan en el ámbito su residencia habitual y permanente, con una zona reservada en el futuro desarrollo para este realojo. También comunicó que los propietarios podrían optar entre una nueva vivienda o una compensación económica una vez realizada la valoración de los inmuebles.
La cuestión, sin embargo, no quedó cerrada con ese anuncio. Las familias continuaron reclamando concreción sobre las condiciones del realojo, las valoraciones de los terrenos y el alcance de las expropiaciones. En abril, vecinos del entorno volvieron a salir a la calle para presentar alegaciones contra el PIA y defender las casas y los terrenos afectados.
La propia evolución administrativa del proyecto deja así dos realidades que avanzan en paralelo: por una parte, la planificación de una de las mayores bolsas de suelo residencial de A Coruña; por otra, la negociación con las personas que viven actualmente en el territorio que será transformado.
DEL AULA AL TERRITORIO
El nuevo convenio con la UDC sitúa ahora a la universidad como espacio para experimentar con nuevas formas de diseñar y producir vivienda pública. El objetivo de la Xunta es que el alumnado trabaje sobre soluciones urbanísticas y arquitectónicas que puedan contribuir a la futura producción residencial.
La propuesta llega, además, en un contexto en el que la falta de vivienda accesible ha convertido la movilización de suelo residencial en una de las principales prioridades de las administraciones. La Xunta mantiene dentro de su Estrategia Gallega de Suelo Residencial el objetivo de facilitar suelo para unas 25.000 viviendas, de las que 20.000 serían protegidas.
El reto, sin embargo, no está solo en diseñar nuevas viviendas o en encontrar fórmulas más rápidas y eficientes para construirlas. En el caso de actuaciones como Monte Mero, también implica decidir cómo encajar ese nuevo crecimiento con la realidad de las personas que ya viven en los terrenos sobre los que se proyecta.
Así, mientras la Xunta y la UDC llevan a las aulas el debate sobre cómo será la vivienda pública del futuro, en Monte Mero continúa abierto otro debate más inmediato: cómo construir ese futuro sin dejar atrás a quienes ya tienen allí su casa.