La Xunta cifra en un 52% la caída de los alquileres en A Coruña y ofrece asumir 40 viviendas municipales vacías
La política de vivienda vuelve a abrir un nuevo pulso entre la Xunta y el Ayuntamiento de A Coruña. La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, aseguró en el Parlamento que los primeros datos disponibles tras la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado muestran una fuerte reducción de los contratos de alquiler. Según los datos del depósito de fianzas del Instituto Galego da Vivenda e Solo, pasaron de 730 en julio de 2025 a 349 en julio de 2026, lo que supone un descenso superior al 52%. En agosto, la cifra cayó hasta los 292 contratos.
Allegue utilizó estos datos para cuestionar la eficacia de las zonas tensionadas y defender que una menor contratación implica también una menor oferta disponible para las personas que buscan vivienda. La conselleira puso igualmente como ejemplo Santiago de Compostela, donde los primeros datos tras la declaración de la zona tensionada apuntan a una caída del 55% en los contratos, al pasar de 441 a 199.
En este escenario, la Xunta reclama que los fondos estatales destinados a las zonas tensionadas no se repartan exclusivamente entre los municipios que cuentan con esta declaración. El Gobierno gallego cuestiona que de los 90 millones de euros previstos por el Estado, 5 millones correspondan a A Coruña y Santiago, y defiende que los recursos se distribuyan atendiendo a las necesidades reales de vivienda y al esfuerzo realizado por cada administración.
A Coruña aparece así en el centro de una disputa en la que también entra el parque municipal de viviendas. Allegue aseguró que el Ayuntamiento dispone de 40 viviendas vacías que podrían incorporarse al mercado de alquiler accesible y reiteró el ofrecimiento de la Xunta para asumirlas, rehabilitarlas y destinarlas al alquiler público. La propuesta llega después de que el propio Ayuntamiento trasladase sus dificultades económicas para afrontar las actuaciones necesarias.
La Xunta también puso sobre la mesa el programa Fogar Vivo, que contempla ayudas vinculadas a los seguros de impago de las rentas y multirriesgo para favorecer que viviendas vacías se incorporen al mercado de alquiler a precios accesibles. El programa está operativo en 2026 y establece límites de renta en función del municipio.
Otro de los grandes focos del debate es el futuro crecimiento residencial de la ciudad. La Xunta asegura que en A Coruña hay ya más de 1.000 viviendas públicas en marcha y sitúa en el PIA de Monte Mero una de las principales bolsas de nuevo suelo residencial, con una previsión cercana a las 4.400 viviendas, de las que alrededor de 3.500 tendrían algún tipo de protección.
Precisamente este último proyecto es también uno de los puntos más controvertidos. Los vecinos afectados llevan meses movilizándose contra el modelo previsto para Monte Mero, especialmente por las expropiaciones de viviendas y terrenos. Los residentes defienden que el nuevo barrio no puede construirse ignorando las casas y los núcleos residenciales que ya existen y reclaman garantías concretas para las familias afectadas.
El conflicto llegó a reunir a alrededor de 60 personas en una de las movilizaciones celebradas durante la primavera y se mantuvo activo durante el verano, con campañas de recogida de firmas y nuevas protestas. El colectivo vecinal insiste en que Monte Mero no es un espacio vacío, sino una zona en la que viven familias desde hace décadas.
La Xunta anunció en marzo que las personas afectadas que tengan en el ámbito su residencia habitual y permanente podrán optar por una vivienda de sustitución, una medida con la que pretendía ofrecer una alternativa habitacional a las familias afectadas por las expropiaciones. Sin embargo, esta propuesta no ha conseguido cerrar el conflicto: después de la reunión mantenida con el Gobierno gallego, los vecinos reclamaron más garantías y respuestas para diferentes situaciones particulares.
En este contexto, Allegue volvió a pedir al Ayuntamiento de A Coruña la cesión de nuevas parcelas municipales para construir vivienda pública. La conselleira aseguró que, si el Ayuntamiento facilita los terrenos, la Xunta estaría dispuesta a destinar a ellos los fondos vinculados a las zonas tensionadas para impulsar nuevas promociones. Si finalmente no hay parcelas disponibles, advirtió de que esos recursos podrían dirigirse a otras actuaciones de vivienda en la ciudad.
El debate queda así abierto en dos frentes: por un lado, la discusión sobre si la declaración de A Coruña como zona tensionada está consiguiendo aumentar o reducir la oferta de alquiler; por otro, la necesidad de incrementar el parque público sin dejar atrás a las familias que ya viven en los ámbitos destinados a los grandes desarrollos residenciales.