La presión sobre los servicios sociales vuelve a abrir debate en Cambre
Los servicios sociales de Cambre vuelven a estar bajo presión. Las quejas por el funcionamiento del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF), trasladadas por una usuaria en el último pleno, pusieron de nuevo sobre la mesa una situación que no es nueva en el municipio y que afecta tanto a las personas dependientes como al personal encargado de atender y supervisar las prestaciones.
El SAF es un servicio básico para muchas familias, ya que permite que personas mayores, dependientes o con autonomía limitada reciban atención en su domicilio y puedan permanecer en su entorno habitual. En Cambre, el propio Ayuntamiento define esta prestación como un conjunto de atenciones dirigidas a facilitar la permanencia de las personas en su casa, siempre tras la correspondiente valoración técnica.
La tensión alrededor de este servicio viene de lejos. En abril de 2024, el Ayuntamiento prorrogó el contrato de ayuda en el hogar mientras seguía trabajando en unos nuevos pliegos, una decisión que ya entonces se justificó como la vía para mantener una prestación esencial que atendía a 175 familias. En aquel momento también se reconocía la existencia de quejas y la necesidad de ejercer un control más exhaustivo sobre el servicio.
Los nuevos pliegos fueron aprobados en el pleno a comienzos de 2025 con la intención de cambiar el modelo de valoración y dar más peso a la calidad frente al precio. El gobierno local explicó entonces que el personal de Servicios Sociales llevaba trabajando desde 2023 en esta renovación contractual, que introducía cambios en los criterios de adjudicación para mejorar la prestación.
Aun así, la tramitación no cerró completamente el debate. La documentación plenaria recogió incidencias en el contrato anterior, advertencias sobre incumplimientos de la empresa adjudicataria y la necesidad de prorrogar el servicio hasta la entrada en vigor del nuevo contrato para evitar una interrupción en una prestación considerada esencial.
El problema no se limita a la empresa o al contrato. La situación interna del departamento es otro de los puntos que más preocupa. Según la denuncia trasladada ahora por Alternativa, Servicios Sociales acumula cinco bajas y una fuerte sobrecarga de trabajo, lo que dificultaría la atención diaria a la ciudadanía y también la supervisión adecuada del SAF.
Esa falta de personal puede tener efectos directos: retrasos en la atención, menor capacidad de seguimiento de los casos, más dificultades para detectar incidencias y menos margen para controlar que el servicio se presta en las condiciones previstas. En ámbitos como la dependencia, donde las familias necesitan respuestas rápidas y acompañamiento continuado, la saturación administrativa termina repercutiendo en la calidad de la atención.
La situación se produce, además, en un contexto general de tensión en la financiación del SAF. En febrero, Alternativa ya impulsó un acuerdo plenario para reclamar una financiación suficiente de la ayuda en el hogar, al considerar que los ayuntamientos asumen una parte importante del coste real del servicio. La moción salió adelante con el apoyo de PSOE y BNG y la abstención del PP.
Con este escenario de fondo, el último pleno volvió a poner rostro al problema a través de la intervención de una usuaria del servicio. Las críticas se centraron en las deficiencias que sufren algunas familias dependientes y en la necesidad de que el Ayuntamiento refuerce el seguimiento de una prestación especialmente sensible.