La plantilla de Losán pide celeridad al juzgado mientras espera una salida para Curtis y Vilasantar
La plantilla del grupo Losán dio un nuevo paso para intentar acelerar una salida a la crisis de la compañía. Los trabajadores trasladaron al Juzgado de lo Mercantil su preocupación por la situación económica y social que arrastran desde hace meses, marcada por los impagos salariales y por la incertidumbre sobre el futuro de las plantas de Curtis y Vilasantar.
El escrito llega en un momento decisivo para la empresa. Losán presentó su plan de reestructuración para evitar el concurso de acreedores y lo remitió a los acreedores, que tenían hasta el 18 de mayo para pronunciarse sobre la propuesta. El documento busca reorganizar la deuda, recuperar actividad y dar continuidad al grupo tras meses de parálisis y tensión laboral.
La propuesta conocida incluye una aportación de 10 millones de euros por parte de los socios, la venta de activos y un nuevo calendario para parte de la deuda. También contempla quitas muy elevadas para determinados créditos, que llegarían al 95 % en la deuda financiera sin garantía, en la deuda con garantía ICO y en la deuda ordinaria con proveedores, mientras que la subordinada quedaría afectada por una quita del 100 %.
En el plano industrial, el plan prevé una recuperación gradual de la producción en dos años, con una primera fase de 12 meses para alcanzar alrededor de la mitad de la capacidad y una segunda para aproximarse a los niveles máximos de actividad histórica. La compañía deja fuera de ese esquema la planta de Villabrázaro, en Zamora, que se pone a la venta, y también prevé desinversiones en el extranjero.
En Galicia, el foco está puesto en las instalaciones de Curtis y Vilasantar, de las que dependen alrededor de 200 empleos directos. La representación social lleva semanas advirtiendo de que la crisis no afecta solo a las nóminas pendientes, sino también al tejido económico de varios ayuntamientos del interior coruñés ligados a la actividad forestal, a la industria de la madera y a las empresas auxiliares.
El proceso ya había llegado al límite a finales de abril, cuando terminaba el plazo del preconcurso. La empresa consiguió entonces una ampliación de un mes para presentar el plan, mientras el comité reconocía que seguía sin tener información suficiente sobre la propuesta y sobre las garantías reales de continuidad.
La crisis de Losán se produce después de años de reestructuraciones y apoyo público. En 2021, el Gobierno autorizó una operación de respaldo financiero de 35 millones de euros para el grupo, al considerarlo una compañía estratégica para Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha por su peso industrial y laboral.
El caso tiene además antecedentes judiciales recientes. La Audiencia Provincial de A Coruña estimó en 2025 la impugnación presentada por una sociedad acreedora contra planes anteriores por un problema de comunicación, aunque mantuvo los efectos de la homologación frente al resto de acreedores y socios. Ese precedente refuerza ahora la importancia de que el nuevo proceso avance con seguridad jurídica, pero también con la rapidez que reclama una plantilla que acumula meses sin estabilidad económica.
A la espera de los siguientes pasos en el juzgado, los trabajadores piden que la dimensión humana del conflicto pese también en la tramitación. Para las familias de Curtis, Vilasantar y otros municipios vinculados al grupo, cada semana sin una decisión clara prolonga una situación límite y mantiene en el aire uno de los principales proyectos industriales del rural coruñés.