Losán agota el preconcurso entre protestas e incertidumbre por el futuro de Curtis y Vilasantar
Losán afronta este miércoles, 29 de abril, una jornada decisiva para su futuro. La multinacional maderera, con sede en A Coruña y plantas en Curtis y Vilasantar, llega al final del plazo del preconcurso de acreedores con la obligación de presentar ante el Juzgado de lo Mercantil un plan de viabilidad que permita evitar la entrada formal en concurso. Según la información disponible este mediodía, la representación de los trabajadores asegura que no tiene constancia de un proyecto cerrado que garantice la continuidad de las instalaciones gallegas.
La tensión se trasladó desde primera hora a las puertas del juzgado, donde trabajadores y representantes sindicales se concentraron para reclamar una salida a la crisis. La plantilla lleva meses advirtiendo del deterioro de la situación y de la necesidad de implicar a la empresa, a la Xunta, al Gobierno central y a la SEPI en una solución que blinde la actividad industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
La situación laboral es especialmente delicada en las plantas de Curtis y Vilasantar. Cerca de 200 personas dependen directamente de la actividad de Losán en Galicia y el comité denuncia que la compañía adeuda ya cinco nóminas. Además, parte de la plantilla se encuentra de baja, en un contexto de máxima preocupación por el futuro inmediato de la empresa.
La crisis tiene también una fuerte dimensión territorial. La pérdida de actividad afectaría no solo a los empleos directos, sino también al tejido económico vinculado al transporte, al sector forestal y a los servicios del interior coruñés. La semana pasada, la plantilla ya alertó en Curtis de que la amenaza sobre 150 empleos entre Curtis y Vilasantar supondría un golpe directo para la economía rural.
La presión sobre las administraciones ha crecido en los últimos meses por el peso estratégico del grupo y por el apoyo público recibido con anterioridad. En el Congreso consta una iniciativa en la que se reclamaba un papel activo de la SEPI en el diseño de un plan de viabilidad para Losán que asegurase la continuidad de la actividad industrial y de los empleos. En ese mismo documento se recoge que la compañía recibió 35 millones de euros de financiación pública a través del fondo de solvencia post-covid, además de otros apoyos del IGAPE y avales del ICO, y que llegó a negociar la reestructuración de una deuda de unos 200 millones de euros.
El bloqueo llega tras no concretarse la entrada de un inversor que permitiese estabilizar la situación del fabricante de productos derivados de la madera. La empresa, que se presenta como una multinacional con diez centros productivos en todo el mundo, queda ahora pendiente de la respuesta judicial y de las negociaciones que puedan abrirse en las próximas horas para evitar un escenario concursal.
A la espera de una comunicación oficial, la concentración ante el juzgado simboliza el temor de una plantilla que reclama certezas después de meses de impagos y promesas sin resultado. El futuro de Losán, y con él el de cientos de familias ligadas al sector de la madera en el interior de la provincia, queda vinculado al plan que la compañía debe presentar en este día límite.