La planta de biogás de Soandres suma la oposición formal de Culleredo
El Ayuntamiento de Culleredo ha presentado alegaciones contra el proyecto de una planta de biogás prevista en la parroquia de Soandres, en el municipio de A Laracha, al considerar que la infraestructura podría tener consecuencias relevantes sobre el entorno. La documentación fue remitida a la Consellería de Medio Ambiente en el marco del procedimiento de información pública de la declaración de impacto ambiental y de la solicitud de autorización ambiental integrada.
El gobierno local solicita que la Xunta deniegue la autorización del proyecto. El alcalde, José Ramón Rioboo, defiende que el Ayuntamiento actúa 'en el ejercicio de defensa de los intereses generales de la vecindad' debido a la proximidad de la planta a los límites municipales y al impacto que, a su juicio, podría generar a nivel ambiental, sanitario, paisajístico y territorial.
La oposición de Culleredo ya había sido expresada de manera formal a través de una declaración institucional aprobada por el pleno municipal. Desde que se conoció el proyecto, Rioboo mantuvo contactos con los alcaldes de A Laracha, Cerceda y Arteixo y participó también en movilizaciones contra la instalación.
En las 16 alegaciones presentadas, el Ayuntamiento cuestiona la implantación de la planta en suelo rústico de protección común. La administración local considera que no queda suficientemente justificada la necesidad de esa localización concreta ni la proporcionalidad entre el impacto territorial que supondría la instalación y el interés público que se pretende obtener.
El documento municipal sostiene que la dimensión de la infraestructura supera la lógica de una actuación aislada en suelo rústico. La planta incluiría más de 25 instalaciones o construcciones, con digestores de gran tamaño, chimenea, zonas de carga y descarga, depósitos, viales interiores, planta de tratamiento de aguas, almacenamiento de digestato, tráfico pesado y vertido al dominio público hidráulico.
Otro de los puntos centrales de las alegaciones es la movilidad. Culleredo señala que la planta prevé la entrada de hasta 20 camiones diarios de 20 toneladas, además de otros flujos vinculados a la producción y evacuación del biometano o gases asociados. Por ello reclama un estudio específico de tráfico y seguridad viaria antes de cualquier autorización.
El Ayuntamiento pide que ese informe analice itinerarios de entrada y salida, horarios, tonelajes, compatibilidad con las vías municipales y autonómicas, posible afección a núcleos de población, necesidades de refuerzo del firme, responsabilidades de mantenimiento, riesgo de accidentes y un plan de emergencia ante derrames, incendios o incidencias en el transporte.
La afección hídrica es otro de los argumentos principales. Culleredo rechaza que las aguas procedentes de la parte líquida del digestato puedan eliminarse mediante vertido al medio, al entender que se trata de un residuo o subproducto derivado del tratamiento de residuos orgánicos y SANDACH, y no de una simple agua residual industrial.
El Ayuntamiento también advierte de que la evaluación no puede limitarse a la parcela ni al punto inmediato de vertido, ya que la localización prevista estaría vinculada a sistemas fluviales sensibles. Cita, entre otros, el río Anllóns, con desembocadura en la ría de Corme-Laxe, y el sistema del río Valiñas, relacionado funcionalmente con el Mero y con la ría de O Burgo.
Las alegaciones incluyen además la preocupación por los olores, el ruido, el tráfico pesado, los bioaerosoles, la presencia de vectores, la percepción de riesgo, la posible pérdida de tranquilidad y la desvalorización residencial. Para el Ayuntamiento, todos estos factores deben analizarse como efectos acumulativos sobre la habitabilidad del territorio y no como molestias aisladas.
Culleredo añade otros reparos al expediente, como la falta de documentación en el trámite de información pública, un posible error en la calificación de los residuos SANDACH, el insuficiente análisis del suelo y de la estabilidad geotécnica de la parcela, la posible afección al patrimonio cultural y la necesidad de verificar servidumbres vinculadas a infraestructuras eléctricas.