La Justicia reconoce el acoso laboral a la secretaria y la interventora de Cambre y condena al Concello a pagar 20.000 euros
La Justicia ha reconocido que la secretaria y la interventora municipales de Cambre sufrieron acoso laboral durante el anterior mandato de Unión por Cambre (UxC) y ha condenado al Ayuntamiento a indemnizar a ambas con 10.000 euros, respectivamente. La sentencia, dictada por la plaza número 6 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de A Coruña, considera que el Ayuntamiento vulneró sus derechos fundamentales al incumplir sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
La resolución, que todavía no es firme, establece que existió un conjunto de actuaciones dirigidas a desacreditar a las dos funcionarias y a deteriorar deliberadamente sus condiciones de trabajo. La magistrada analiza el trato recibido por ambas durante el conflicto administrativo que mantuvieron con el anterior gobierno local, así como las declaraciones públicas y otras actuaciones institucionales que contribuyeron a su exposición y descrédito.
Entre los episodios examinados figuran una rueda de prensa celebrada en septiembre de 2023, las declaraciones posteriores de responsables municipales y la utilización del boletín municipal Novas de Cambre, financiado con fondos públicos. La sentencia también recoge una fotografía institucional del Entroido en la que la entonces alcaldesa, María Pan, y varios concejales aparecían caracterizados como las niñas de la película El resplandor. Según la resolución, dos testigos relacionaron esa imagen con las funcionarias.
La jueza también tiene en cuenta que se les negó la palabra en sesiones plenarias y que recibieron peticiones de informes con urgencias que considera injustificadas. Estas actuaciones, según el fallo, contribuyeron a generar un clima que acabó derivando en burlas, insultos y amenazas por parte de terceras personas.
La responsabilidad del Ayuntamiento y la prescripción de la acción contra la exalcaldesa
La sentencia considera que los responsables del anterior gobierno municipal trasladaron a las funcionarias la responsabilidad por los problemas administrativos del Ayuntamiento, pese a que sus informes y reparos no tenían carácter vinculante. También recuerda que las dificultades en materia de contratación ya habían sido advertidas por el anterior interventor desde 2020.
La magistrada concluye que las actuaciones acreditadas constituyen acoso laboral y que el Ayuntamiento debe responder por no haber cumplido adecuadamente sus obligaciones de protección y prevención. La indemnización fijada asciende a 10.000 euros para cada una de las trabajadoras, lo que supone un desembolso total de 20.000 euros con cargo a las arcas municipales.
Por otra parte, la resolución declara prescrita la acción ejercitada contra la exalcaldesa María Pan, al haber transcurrido más de un año entre los hechos y la presentación de la demanda. Por tanto, no existe una condena individual contra ella en este procedimiento. La demanda inicial de las dos funcionarias reclamaba una indemnización conjunta de 180.000 euros.
El gobierno local estudia si presenta recurso
La actual alcaldesa, Diana Piñeiro, ha destacado el alcance institucional de la sentencia y considera que la resolución desmonta el relato que responsabilizaba a las dos trabajadoras de la situación administrativa del Ayuntamiento. La regidora recordó que los problemas de contratación ya existían antes del conflicto y defendió la independencia de las funciones que desempeñan la Secretaría y la Intervención municipales.
El gobierno local está estudiando la posibilidad de recurrir el fallo. Para ello, la alcaldesa solicitó a la asesoría jurídica externa encargada de la defensa municipal que concrete los posibles fundamentos legales de un recurso de suplicación.
La resolución judicial llega después de un conflicto que se prolongó durante varios años y que ya había provocado distintas actuaciones y denuncias públicas. En julio de este año, la secretaria y la interventora reclamaban una indemnización de 180.000 euros por el supuesto acoso laboral, en un procedimiento en el que también comparecieron antiguos responsables políticos del municipio.