El SAF llega al pleno entre críticas por la precariedad laboral en Oza Cesuras
El Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) centró parte del debate político en el pleno de Oza Cesuras, donde el BNG reclamó medidas para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras que prestan atención a las personas usuarias de este servicio esencial.
La portavoz nacionalista, Estefanía Busto, defendió una iniciativa con la que buscaba instar al gobierno local a supervisar el cumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa concesionaria. Según advirtió el BNG, las empleadas del SAF afrontan una situación laboral que califica de 'insostenible', marcada por el bloqueo de la negociación colectiva, la falta de actualización salarial vinculada al IPC y el incumplimiento de las tablas salariales.
Busto aseguró que el Ayuntamiento, como responsable último del servicio, no puede desentenderse de la situación. 'El gobierno municipal no puede seguir mirando para otro lado mientras se incumplen los convenios y se retrasan los pagos', señaló la portavoz.
Uno de los puntos en los que más incidió la formación fue la gestión de los desplazamientos en un municipio rural y disperso como Oza Cesuras. El BNG denunció que muchos trayectos no se computan como tiempo efectivo de trabajo y que la compensación por kilometraje, fijada según la formación en 18 céntimos por kilómetro, obliga a las trabajadoras a asumir parte de los costes para poder desarrollar su labor.
La moción también proponía incorporar cláusulas sociales en los contratos públicos vinculados al servicio, de forma que la oferta económica no fuese el único criterio de adjudicación y se valorasen aspectos como la estabilidad laboral, las mejoras salariales y la calidad de la atención.
La iniciativa no salió adelante por el voto en contra del gobierno municipal del PP. Según el BNG, el alcalde defendió que, en caso de existir algún problema, las trabajadoras deberían acudir a la Inspección de Trabajo. La formación nacionalista lamentó esta respuesta y acusó al ejecutivo local de desoír las demandas de un colectivo que considera clave para el sistema público de cuidados.
El BNG también extendió sus críticas a la Xunta de Galicia, a la que responsabiliza de una financiación insuficiente del SAF. La formación sostiene que el actual modelo de gestión prioriza el beneficio empresarial frente a la mejora de las condiciones laborales y a la calidad del servicio que reciben las personas usuarias.