Curtis cierra 2025 con superávit, más liquidez y pago a proveedores en menos de 12 días
El Ayuntamiento de Curtis cerró el ejercicio de 2025 con unas cuentas saneadas y con un balance económico que, según el gobierno local, avala la solvencia de la administración municipal para afrontar nuevas inversiones. La liquidación del presupuesto, de la que se dará cuenta a la corporación, recoge un resultado positivo en las principales magnitudes financieras y el cumplimiento de las reglas fiscales en vigor.
Los datos del cierre apuntan a un resultado presupuestario positivo de 899.438,48 euros, al tiempo que el Ayuntamiento presenta una capacidad de financiación de 875.079,23 euros. A ello se suma un ahorro neto de 1.219.771,33 euros y el cumplimiento de la regla de gasto con un margen de 1,5 millones de euros, cifras que el ejecutivo interpreta como una muestra de estabilidad y sostenibilidad económica.
Uno de los indicadores que más destaca el gobierno local es el remanente de tesorería para gastos generales, que a 31 de diciembre de 2025 se situaba en 2.039.603,66 euros. El Ayuntamiento vincula esta liquidez a la gestión de proyectos subvencionados en los que la administración asumió inicialmente el gasto a la espera de recibir los ingresos en anualidades posteriores.
La liquidación también refleja un periodo medio de pago a proveedores de 11,60 días, muy por debajo del máximo legal de 30 días. El ejecutivo municipal subraya que este dato permite garantizar mayor agilidad en el cobro a las empresas y profesionales que trabajan para la administración local.
En el apartado de la ejecución presupuestaria, el Ayuntamiento sitúa en el 96,13 por ciento el grado de ejecución de los ingresos y en el 86,38 por ciento el de los gastos. Para el gobierno local, estas cifras evidencian una gestión eficiente de los recursos públicos y la capacidad de convertir el presupuesto en servicios y actuaciones para los vecinos.
El ejecutivo incide además en que estos resultados se compatibilizan con una política fiscal ajustada, manteniendo el criterio de que los tributos municipales no superen los costes de prestación de los servicios públicos básicos.