A Coruña avanza para anular la subasta que llevó la Casa Cornide a manos de la familia Franco
El Ayuntamiento de A Coruña dará la próxima semana un nuevo paso en el procedimiento iniciado para intentar recuperar la Casa Cornide para el patrimonio público. El pleno municipal estudiará la propuesta para desestimar las alegaciones presentadas por Francisco Franco Martínez-Bordiú, nieto del dictador, y continuar con la revisión de oficio de los acuerdos municipales que permitieron que el inmueble saliera del patrimonio municipal en 1962.
El expediente busca revisar dos acuerdos adoptados aquel año. El primero, del 3 de julio de 1962, aprobó la venta de la Casa Cornide mediante subasta pública y el pliego de condiciones que debía regular el proceso. El segundo, del 2 de agosto, corresponde a la adjudicación del inmueble a Pedro Barrié de la Maza. Así consta en la documentación municipal relativa al procedimiento.
Las alegaciones fueron presentadas por Francisco Franco Martínez-Bordiú, que también actúa en representación de la sociedad Pristina SL y de sus hermanos, según figura en el expediente. Entre los argumentos planteados por la familia se encuentran cuestiones relacionadas con la posible caducidad del procedimiento, la situación jurídica del inmueble, el tiempo transcurrido desde los hechos y la validez de los actos realizados en 1962.
Un expediente que ya pasó por el pleno
El Ayuntamiento ya dio un paso importante el pasado mes de marzo, cuando el pleno aprobó declarar que el procedimiento de revisión de oficio no había caducado y acordó continuar con su tramitación. La decisión llegó después de que la familia Franco solicitara que se diese por finalizado el proceso.
La documentación municipal incorpora diferentes informes jurídicos para analizar las cuestiones planteadas durante el expediente. Entre ellos figura un informe elaborado por Carlos Aymerich Cano, profesor de la Universidade da Coruña, que analiza la legalidad de los actos realizados alrededor de la subasta y las posteriores transmisiones.
El Ayuntamiento sostiene que existen motivos para revisar aquellos acuerdos y determinar su posible nulidad. Entre los aspectos estudiados están las condiciones de la subasta y las modificaciones realizadas posteriormente, así como la situación patrimonial del inmueble.
La operación de 1962, en el centro de la investigación
La historia de la Casa Cornide está vinculada a una operación que comenzó con su incorporación al patrimonio municipal. Según los antecedentes manejados por el Ayuntamiento, el inmueble fue transmitido al Consistorio en 1962 y, poco después, salió a subasta pública.
El 2 de agosto de 1962, Pedro Barrié de la Maza resultó adjudicatario por 305.000 pesetas. Tres días después, la Casa Cornide fue vendida a Carmen Polo, esposa de Francisco Franco, por 25.000 pesetas. El propio Ayuntamiento ha señalado estas operaciones en los informes que dieron origen al actual procedimiento de revisión.
La Administración local considera que la legalidad de estas operaciones debe analizarse por diferentes vías. La posible nulidad de la subasta y de la adjudicación corresponde al procedimiento administrativo de revisión de oficio, mientras que la eventual nulidad de la posterior compraventa a Carmen Polo tendría que dirimirse por la vía civil.
Por tanto, la aprobación del acuerdo en el pleno no supondría que la Casa Cornide pase inmediatamente a ser propiedad municipal. El procedimiento administrativo constituye un paso previo a la eventual actuación judicial que el Ayuntamiento pretende emprender para recuperar el inmueble.
Un edificio protegido y abierto a visitas
La Casa Cornide fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2023, después de un proceso impulsado para reforzar su protección patrimonial. El Ayuntamiento mantiene desde hace años su objetivo de recuperar el inmueble para el patrimonio público.
El edificio también comenzó a recibir visitas públicas gratuitas en 2025, después de su declaración como BIC. Para el Ayuntamiento, aquella apertura supuso otro avance dentro del proceso para devolver la Casa Cornide al ámbito público.
Ahora, la corporación municipal deberá pronunciarse sobre las alegaciones presentadas por la familia Franco y sobre la continuación de la revisión de los acuerdos de 1962. El objetivo final sigue siendo llevar la disputa a los tribunales para intentar recuperar la titularidad pública del inmueble.