Una reclamación de 673.525 euros pone el foco en los pagos a la Policía Local de Cambre
El Tribunal de Cuentas sitúa provisionalmente en 591.665,13 euros el menoscabo causado a las arcas municipales de Cambre por los pagos realizados en concepto de horas extraordinarias y gratificaciones a la Policía Local entre los años 2020 y 2023. Al principal se suman 81.860,80 euros en intereses de demora, por lo que la cantidad total queda fijada provisionalmente en 673.525,93 euros.
La cifra aparece en el acta de liquidación provisional elaborada por el instructor del procedimiento después de la comparecencia celebrada el pasado 7 de octubre en Madrid, a la que estaban citadas nueve personas relacionadas con el expediente. La resolución tiene carácter provisional y no supone una condena definitiva, ya que el procedimiento deberá continuar por la vía jurisdiccional contable.
Tres motivos para calcular el posible perjuicio
El Tribunal de Cuentas divide los 591.665,13 euros de principal en tres bloques. La mayor parte, 414.346,54 euros, corresponde a los casos en los que determinados agentes no habrían alcanzado la jornada anual mínima obligatoria incluso sumando las horas ordinarias y extraordinarias. Según el instructor, en esa situación las gratificaciones percibidas no podrían considerarse horas extraordinarias debidamente generadas.
Otros 81.675,23 euros corresponden a horas que, según la interpretación del expediente, fueron abonadas como extraordinarias cuando serían necesarias para completar la jornada ordinaria anual.
El tercer bloque asciende a 95.643,36 euros y está relacionado con la falta de trazabilidad de los registros horarios y con incidencias en el sistema de fichaje. El instructor señala dificultades para comprobar el tiempo de trabajo efectivo en determinados casos debido a la ausencia de registros o a períodos en los que no consta información suficiente.
La investigación parte, entre otros elementos, de los informes elaborados por los servicios municipales. De hecho, documentación incorporada a expedientes del Ayuntamiento ya apuntaba a un incumplimiento que calificaba de notorio y generalizado de la jornada ordinaria durante los ejercicios analizados. Un informe municipal también cifró en 632.758,09 euros el total de las gratificaciones por horas extraordinarias abonadas entre 2020 y 2023, aunque en 2023 los datos correspondían únicamente al período comprendido entre diciembre de 2022 y abril de 2023.
¿Quién aparece como presunto responsable?
La liquidación provisional señala como responsables directos y solidarios a varios cargos políticos que participaron en la autorización de los gastos y en el pago de las relaciones de servicios extraordinarios.
A la exalcaldesa María Pan Lesta, que durante parte del período investigado era responsable de Economía, Hacienda y Régimen Interior, se le atribuye provisionalmente la responsabilidad por la totalidad de la cantidad reclamada, 673.525,93 euros.
Al también exalcalde Óscar García Patiño se le atribuye una responsabilidad directa y solidaria de 630.134,36 euros. En el caso de la exconcejala de Seguridad Ciudadana Elisa Pestonit Barreiros, la cifra provisional es de 527.084,52 euros, mientras que al exalcalde en funciones Juan González Leirós se le atribuyen 86.078,49 euros por los períodos en los que firmó resoluciones de pago.
También aparecen en el expediente cuatro mandos policiales como posibles responsables subsidiarios por las validaciones de las relaciones de horas extraordinarias. Las cantidades que se les atribuyen son diferentes según los períodos en los que ejercieron funciones de jefatura.
Por el contrario, el antiguo interventor municipal queda fuera de la responsabilidad señalada por el instructor. La documentación destaca que había formulado reparos sobre determinados pagos de gratificaciones.
El Ayuntamiento ya había analizado los pagos
El caso no parte de una actuación reciente. El propio Ayuntamiento de Cambre elaboró informes sobre los pagos realizados entre 2020 y 2023 y trasladó documentación al Tribunal de Cuentas. En julio de 2025, el Pleno municipal acordó no oponerse a la continuación de las actuaciones preliminares y a la designación de un instructor para determinar los hechos, las posibles responsabilidades y el eventual daño económico.
La actual alcaldesa, Diana Piñeiro, ya defendía antes de la comparecencia de octubre que el procedimiento debía aclarar qué había sucedido con los fondos públicos. El Gobierno local sostiene que, si finalmente se acredita la existencia de un daño económico, defenderá que las cantidades que correspondan regresen a las arcas municipales.
La investigación también llegó a la vía penal
El expediente contable discurre en paralelo a la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña por los mismos hechos. María Pan compareció ante este juzgado en febrero de este año en relación con los pagos de las horas extraordinarias a la Policía Local.
La situación de la Policía Local también está condicionada por la pérdida de efectivos que ha sufrido el cuerpo en los últimos años. En mayo, el Gobierno local anunciaba la búsqueda de colaboración con policías locales de otros municipios del área para cubrir determinados servicios, al tiempo que aseguraba que la reducción de personal estaba afectando a la capacidad operativa del departamento.
Los exresponsables anuncian recursos
Los exalcaldes y los demás cargos políticos afectados rechazan las conclusiones del instructor y han anunciado que recurrirán. Óscar García Patiño considera desproporcionada la liquidación provisional y cuestiona que se le pueda reclamar una garantía económica antes de que exista una resolución judicial definitiva.
Los investigados también alegan problemas en el sistema de control horario, una interpretación diferente de la jornada anual y la necesidad de recurrir a horas extraordinarias para garantizar los servicios policiales. Estas cuestiones serán debatidas en la siguiente fase del procedimiento.
Por tanto, la cifra de 673.525,93 euros no es una condena firme, sino la cantidad que resulta de la liquidación provisional del Tribunal de Cuentas, a la espera de los siguientes trámites y de la eventual fase jurisdiccional.