Trabajadoras del comercio coruñés trasladan su acampada a Santiago
La CIG responsabilizó a la patronal de la provincia de A Coruña y a Inditex del bloqueo de las negociaciones para alcanzar un acuerdo marco interprofesional gallego en el sector del comercio. La central sindical sostiene que la negativa del empresariado coruñés está impidiendo blindar los convenios provinciales frente a la aplicación del convenio estatal ARTE y garantizar el mantenimiento de las condiciones laborales actuales de las trabajadoras y trabajadores gallegos.
La denuncia se produjo después de la acampada que trabajadoras del sector instalaron a las puertas de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) en Santiago de Compostela. La protesta, que había sido trasladada a la capital gallega tras permanecer más de dos semanas delante de la sede de la Confederación de Empresarios de A Coruña, fue desalojada por la Policía Local durante la madrugada.
Según explicó la delegada de la CIG-Servicios, Lucía Domínguez, la movilización sirvió para confirmar las sospechas que el sindicato venía manifestando en los últimos meses sobre el origen del bloqueo de las negociaciones. La representante sindical aseguró que una conversación mantenida con el presidente de la CEG, Juan Vieites, ratificó que la oposición a la firma de un acuerdo marco gallego procede fundamentalmente de la patronal coruñesa.
La central sindical señala directamente al presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla, a la secretaria general Marina Graña y a Pablo Francesch, director de relaciones laborales de Inditex y vicepresidente de la patronal estatal ARTE, como referentes de esta posición contraria al acuerdo gallego.
Desde la CIG consideran que la negativa a establecer este marco autonómico impide proteger los convenios provinciales y evita que las trabajadoras gallegas queden blindadas frente a las condiciones que contempla el convenio estatal. En este sentido, Domínguez criticó especialmente la postura de Inditex, a la que acusó de no garantizar en Galicia las condiciones laborales que sí fueron preservadas en otros territorios, como el País Vasco.
El sindicato también denunció que la patronal de A Coruña continúa sin constituir la mesa de negociación del convenio provincial del comercio vario, caducado desde el pasado 31 de diciembre de 2025. Mientras en otras provincias gallegas los convenios ya fueron negociados y renovados, la organización asegura que en A Coruña no hubo respuesta a las peticiones sindicales para iniciar el proceso negociador.
La CIG advierte de que la aplicación del convenio estatal ARTE supondría un retroceso en las condiciones laborales conquistadas en los convenios provinciales. Entre las consecuencias, alerta de la creación de diferencias entre el personal actual y las nuevas contrataciones, con salarios más bajos y menos derechos para quienes se incorporen a las empresas en el futuro.
Según el sindicato, este convenio podría provocar pérdidas salariales de entre 2.000 y 5.000 euros anuales en algunas provincias, la desaparición de determinados complementos por antigüedad, una mayor disponibilidad para trabajar en domingos y festivos y un incremento de la flexibilidad empresarial en la organización de las jornadas laborales.
La organización sindical asegura que la presión ejercida por las movilizaciones ya permitió modificar algunos de los aspectos más perjudiciales de la propuesta inicial, aunque insiste en que continuará su oposición a la estatalización de la negociación colectiva mientras no existan garantías para la protección de los convenios gallegos.
En este contexto, Lucía Domínguez avanzó que la CIG continúa preparando acciones jurídicas para tratar de evitar la aplicación del convenio estatal en Galicia y seguirá reclamando una respuesta de las organizaciones empresariales a las demandas formuladas durante los últimos meses.
Al mismo tiempo, el sindicato confirmó que mantendrá las movilizaciones en las próximas semanas. Aunque no existen convocatorias cerradas, en las asambleas del sector se está debatiendo la posibilidad de impulsar nuevas protestas e incluso huelgas coincidiendo con la campaña de rebajas, una decisión que, según subrayan, dependerá finalmente de las trabajadoras y trabajadores del comercio gallego.