El BNG vuelve a llevar al Parlamento gallego la situación de los rellenos realizados en una parcela de Armuño, en la parroquia bergondesa de Lubre, una actuación que fue paralizada hace alrededor de cuatro años por el Ayuntamiento de Bergondo al no ajustarse a la licencia concedida en suelo rústico.
La diputada Mercedes Queixas registró una nueva iniciativa para reclamar a la Xunta una respuesta sobre el estado del expediente tramitado por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), organismo competente en este caso al tratarse de una parcela situada en suelo rústico. La formación nacionalista pide conocer también cuántas multas coercitivas se impusieron, por qué importe, si fueron abonadas y qué plazo maneja la Administración autonómica para que los terrenos vuelvan a su estado inicial.
Según recoge la iniciativa parlamentaria, los movimientos de tierra crearon un talud de unos 15 metros en una parcela próxima a la vivienda número 66 de Armuño y al polígono industrial. El BNG sostiene que esta situación generó preocupación entre los vecinos, especialmente después de episodios de lluvia en los que el agua llegó a afectar a parcelas próximas.
Queixas recuerda que la APLU informó en octubre de 2025 de que el expediente estaba ya en fase de ejecución forzosa, tras la imposición de una primera multa coercitiva en marzo de ese año y una inspección realizada en el mes de julio. A pesar de ello, la parcela continúa, según el BNG, sin los trabajos necesarios para restituir la legalidad urbanística.
La formación también denuncia que la propiedad no estaría cumpliendo con la limpieza y acondicionamiento de la maleza en la parcela, una situación que, según los nacionalistas, añade nuevos problemas al vecindario de la zona.
El portavoz municipal del BNG en Bergondo, David Carro, considera que no es aceptable que, cuatro años después de la paralización de los trabajos, la situación siga sin resolverse. El grupo reclama a la Xunta más agilidad y una solución definitiva para evitar la sensación de impunidad ante actuaciones que, según la propia tramitación de la APLU, no se ajustaron a la normativa.
