Nostián reabre en A Coruña el gran debate de la basura con un contrato más caro y una planta bajo presión
La planta de Nostián vuelve a situarse en el centro de la política coruñesa. El expediente del nuevo contrato, que el gobierno local llevó este miércoles a la junta de gobierno, incorpora cambios económicos de calado con respecto a la licitación lanzada en enero: los dos primeros años se mantienen en torno a los 9,5 millones de euros anuales, pero el coste previsto entre el tercer y el vigésimo quinto ejercicio sube de unos 11 millones a 13,8 millones al año. El movimiento se produce tras la estimación parcial de alegaciones presentadas por grandes operadores del sector y reabre, con más intensidad que nunca, el debate sobre cuánto costará realmente adaptar Nostián a las nuevas exigencias ambientales y sostener el modelo coruñés de tratamiento de residuos.
Las modificaciones conocidas afectan al corazón económico de la concesión. El canon vinculado a la demanda deja de ser una tarifa única y pasa a estructurarse en tres tramos según las toneladas que entren en la planta: 130,88 euros por tonelada si no se alcanzan las 132.001, 112,60 euros hasta 177.999 y 98,82 euros por encima de esa cifra. Además, la gestión de los rechazos pasa de 72 a 94 euros por tonelada, la tasa de descuento se ajusta al 5,20 % y el 13 % del canon destinado a retribuir las inversiones queda fuera de los coeficientes penalizadores mensuales. También se abre la puerta a alargar la duración formal del contrato más allá de los 25 años si hubiese retrasos administrativos o por fuerza mayor, con el objetivo de garantizar 23 años efectivos de explotación de la planta ya renovada.
Lo que está en juego no es un contrato más. Nostián es una infraestructura estratégica para A Coruña y para buena parte de su entorno metropolitano. Según la documentación remitida por el propio Ayuntamiento a la Oficina Nacional de Evaluación, la planta lleva en funcionamiento desde el año 2000, recibe residuos del Consorcio As Mariñas desde julio de 2001 y el nuevo contrato prevé que el 62 % de la entrada sea basura del municipio coruñés y el 38 % restante del consorcio. El contrato vigente procede de la concesión adjudicada en 1997 y sigue prestándose con la actual concesionaria mientras no entre en vigor la nueva etapa, lo que explica la presión acumulada sobre una instalación que lleva años operando en un marco transitorio.
La hoja de ruta municipal es ambiciosa. En enero, cuando se aprobó la licitación, el Ayuntamiento situó el valor estimado del contrato en casi 585 millones de euros y presentó la operación como un giro estructural en la política ambiental de la ciudad. El plan combina la remodelación integral de la planta con la explotación de la instalación, de los puntos limpios y del vertedero clausurado. Incluye una nueva línea de tratamiento, nuevas naves de compostaje, la ampliación de la biometanización, mejoras en el tratamiento del aire y de los lixiviados, actuaciones en digestores, EDAR y planta de gas, además de la gestión de cuatro puntos limpios fijos y de la incorporación de un segundo punto limpio móvil. El objetivo declarado es recuperar más envases, mejorar la calidad del compost, reducir los rechazos y aumentar la producción de biogás bajo las mejores técnicas disponibles de la UE.
Sin embargo, la gran sombra del expediente sigue siendo la viabilidad económico-financiera. La Oficina Nacional de Evaluación concluyó en noviembre de 2025 que el proyecto concesional presentado 'no resulta sostenible financieramente' y recomendó revisar la planificación, el dimensionamiento futuro de la planta, la estimación del volumen de residuos y la adecuación de los costes. La oficina puso el foco, sobre todo, en la falta de un compromiso jurídico vinculante del Consorcio As Mariñas para seguir enviando sus residuos a Nostián, razón por la que analizó como escenario base una demanda reducida al 62 %. El Ayuntamiento rebatió esa metodología, defendió que la posibilidad de salida del consorcio era 'remota', reivindicó que la planta podría recibir residuos de otras administraciones y sostuvo, apoyándose en informes académicos, que su estudio de viabilidad sí era correcto al trabajar con valores monetarios constantes y con una tasa de descuento real del 5,44 %.
Ese conflicto técnico ya se ha trasladado de lleno al terreno político. El PP endureció este miércoles su discurso y sostiene que el nuevo marco encarece todavía más una concesión que, a su juicio, seguirá sin garantizar el cumplimiento de la normativa europea de reciclaje. Los populares relacionan este expediente con la subida de la tasa de basura y con el acuerdo extrajudicial con la concesionaria, mientras el gobierno local y el BNG replican que Nostián necesita una salida ordenada, con control público y seguimiento político. En ese contexto, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 avaló en marzo el acuerdo entre el Ayuntamiento y Albada/Urbaser, en el que la administración aceptó cobrar 8,3 millones de euros frente a los 14 millones inicialmente reclamados por los sobrecostes de los rechazos. La moción del PP para anular ese pacto fue rechazada, y la enmienda pactada entre socialistas y nacionalistas para crear una comisión de seguimiento salió adelante.
El BNG, por su parte, lleva meses advirtiendo de que el retraso en la licitación agrava los problemas de una planta muy deteriorada, y en las últimas semanas puso también el foco en la seguridad laboral. Esa preocupación enlaza con el malestar del comité de empresa de Albada, que convocó movilizaciones a comienzos de abril para denunciar precariedad, deterioro de las instalaciones y ausencia de avances reales en un concurso que consideran urgente. Los trabajadores alertaron de accidentes laborales, filtraciones sobre equipos eléctricos y falta de inversión, un escenario que añade una dimensión social e industrial a un debate que a menudo se presenta solo en cifras y porcentajes de reciclaje.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento intenta demostrar que la reforma de Nostián no va sola y que forma parte de un cambio más amplio en el sistema de residuos. En febrero aprobó la compra de 136.230 cubos aireados para biorresiduos, 272.460 tarjetas sin contacto para la apertura electrónica de contenedores, 408.690 bolsas compostables, 136.230 embudos para aceite usado y 800 contenedores de carga lateral, todo con el argumento de mejorar la separación en origen y acercarse a los objetivos comunitarios. El mensaje municipal es claro: sin una mejor recogida separada no hay planta que dé resultados. La incógnita es si ese esfuerzo llegará a tiempo para convertir Nostián en una infraestructura capaz de reciclar más, costar menos de lo que ahora se teme y dejar de ser, de una vez, un foco permanente de conflicto político y técnico en A Coruña.