Los impagos a las trabajadoras de la limpieza elevan la tensión política en Oleiros
El conflicto laboral que afecta a las trabajadoras del servicio de limpieza de los centros públicos de enseñanza y edificios administrativos municipales de Oleiros sigue generando polémica. El PSOE local ha expresado su apoyo a las empleadas afectadas por los impagos salariales de la empresa concesionaria y ha reclamado al Gobierno municipal que adopte medidas inmediatas para solucionar una situación que califica de 'insostenible'.
Según denuncian los socialistas, las trabajadoras continúan desempeñando su labor por responsabilidad, a pesar de no percibir sus salarios con normalidad. La formación considera que el Ayuntamiento no puede desvincularse del problema y responsabiliza directamente al ejecutivo de Alternativa dos Veciños de la situación actual.
El PSOE sostiene que el origen del conflicto se encuentra en la licitación realizada en 2024 para la limpieza de los colegios y edificios municipales. Según su versión, aquel concurso priorizó prácticamente de forma exclusiva el criterio económico, dejando en un segundo plano otros aspectos relacionados con la calidad del servicio y la solvencia de las empresas aspirantes.
La polémica llega después de que el Ayuntamiento sancionase a la empresa concesionaria con 70.000 euros por diversas deficiencias en la prestación del servicio. A pesar de esta medida, los socialistas consideran que la actuación municipal fue insuficiente y que no se tuvieron en cuenta las consecuencias que podía tener para el personal afectado.
La agrupación socialista reclama al Ayuntamiento que utilice los mecanismos legales de los que dispone para garantizar el pago de las nóminas. En este sentido, recuerda que la legislación contempla la posibilidad de retener cantidades a la contratista o bloquear la devolución de la garantía definitiva hasta que se regularice la situación de las trabajadoras.
Desde el PSOE anuncian además que llevarán esta cuestión al próximo pleno municipal. La formación considera que la limpieza de los centros educativos y de los edificios públicos constituye un servicio esencial y acusa al ejecutivo local de no actuar con la diligencia necesaria.