La vivienda pública marca el inicio del debate político en el pleno coruñés
El acceso a la vivienda volvió a situarse en el centro del debate político en A Coruña. El pleno municipal arrancó el turno de mociones con una propuesta del BNG en la que la formación nacionalista reclamó medidas para movilizar el parque público municipal y dar respuesta a las dificultades que atraviesan cada vez más vecinos para comprar o alquilar una casa en la ciudad.
La concejala nacionalista Avia Veira advirtió de que los precios de la vivienda son 'inalcanzables' para una parte creciente de la población y señaló que el problema ya no afecta únicamente a las personas con menos recursos, sino también a trabajadores y familias con ingresos medios. Aunque reconoció que la Xunta es la administración con más competencias en esta materia, defendió que el Ayuntamiento también tiene margen de actuación a través de sus viviendas municipales.
Veira puso el foco en las cinco viviendas de Pontejos, cuya cesión fue aprobada hace meses sin que, según denunció, se haya materializado una solución definitiva. También recordó que en el último consejo de administración se informó de la existencia de 40 pisos municipales vacíos, pendientes de financiación para ser acondicionados y alquilados. Para el BNG, mantener 45 viviendas sin uso en un contexto de emergencia residencial resulta inasumible.
El PP apoyó la moción y coincidió en el diagnóstico. Miguel Lorenzo afirmó que en esta cuestión hay más elementos de acuerdo que de discrepancia con el BNG, aunque reprochó a los nacionalistas su apoyo al Gobierno local. El portavoz popular acusó al Ejecutivo de Inés Rey de hacer de la vivienda una prioridad en el discurso, pero no en la práctica, y criticó los retrasos en los pisos de Pontejos, en el desarrollo de Xuxán y en la movilización de viviendas municipales.
Lorenzo también reclamó más colaboración entre el Ayuntamiento y la Xunta, así como la aprobación definitiva de cambios de uso en parcelas que puedan facilitar la construcción de vivienda pública. Además, censuró los retrasos en las licencias urbanísticas y cuestionó el destino de las viviendas de la Sareb, advirtiendo de que la falta de acceso a la vivienda golpea especialmente a la juventud y a las personas con más dificultades económicas.
Por su parte, el PSOE confirmó el voto favorable a la propuesta y aseguró que el Gobierno local ya trabaja en la reparación de las viviendas municipales. La concejala socialista Díaz Gallego defendió que el plan estatal 2026-2030 contempla ayudas para empresas municipales como Emusa e indicó que el Ayuntamiento mantiene vías de colaboración con la Xunta para atender la demanda de vivienda pública.
La representante socialista compartió que los pisos de Pontejos deben tener un uso social, aunque aprovechó el debate para cuestionar la política de vivienda del BNG en otras ciudades. En todo caso, remarcó que el Ayuntamiento ya ha cedido parcelas a la Xunta y que existen otras pendientes para avanzar en nuevas promociones.
La propuesta salió adelante con el respaldo de todos los grupos municipales, dejando la vivienda como uno de los grandes asuntos de confrontación política en la ciudad.