La Plataforma por el Derecho a la Vivienda lleva a María Pita 28 denuncias contra pisos turísticos y reclama más controles
La Plataforma por el Derecho a la Vivienda presentó este lunes en el Registro Municipal de María Pita una nueva denuncia colectiva que reúne 28 reclamaciones contra viviendas de uso turístico (VUT) que, según el colectivo, estarían incumpliendo la normativa municipal.
La acción forma parte de la campaña que la plataforma mantiene desde hace meses para reclamar al Ayuntamiento una mayor vigilancia sobre este tipo de alojamientos. La entidad pide que se incrementen las inspecciones, se abran los correspondientes expedientes sancionadores y se proceda al cierre de las viviendas que estén funcionando de manera irregular.
La plataforma asegura que, en una búsqueda realizada este mismo lunes en plataformas de alquiler turístico, localizó 26 pisos presuntamente ilegales en apenas media hora. Según el colectivo, la mayor concentración se encuentra en el centro, aunque también existen casos en otros barrios como Agra do Orzán o Monte Alto.
Más de 400 VUT ilegales, según la plataforma
El portavoz de la Plataforma por el Derecho a la Vivienda, Santiago Lamelo, sostiene que en la ciudad existen más de 400 viviendas turísticas ilegales confirmadas y que la cifra podría superar las 700. Se trata de estimaciones realizadas por la propia organización.
El colectivo considera que la existencia de estos pisos tiene consecuencias sobre el mercado residencial y reclama que aquellos que no cumplan las condiciones exigidas sean devueltos al uso residencial. También advierte de la compra de edificios completos por parte de empresas para destinarlos al alquiler turístico, una práctica que la actual normativa permite en determinados supuestos.
La ordenanza municipal entró en vigor en junio de 2025 y establece importantes limitaciones para la implantación de las VUT. Con carácter general, permite estos usos en bajos y primeros pisos en determinadas condiciones, mientras que también contempla la posibilidad de edificios destinados íntegramente al uso turístico.
El Ayuntamiento ya ha tramitado 73 requerimientos de cese
La polémica llega cuando se cumple poco más de un año desde la entrada en vigor de la normativa municipal. Según los últimos datos municipales difundidos, el Ayuntamiento había tramitado al menos 73 requerimientos de cese de actividad contra viviendas que no se ajustaban a la ordenanza, mientras los pisos turísticos inscritos en el registro de la Xunta disminuyeron un 6,5 por ciento desde la entrada en vigor de la regulación.
La plataforma considera, sin embargo, que estas actuaciones no son suficientes. El colectivo asegura que algunas de las viviendas que vuelve a denunciar ya habían sido señaladas anteriormente y reclama que las denuncias ciudadanas se traduzcan en actuaciones administrativas efectivas.
La nueva movilización da continuidad a otra campaña desarrollada el año pasado. Según los datos facilitados por la propia plataforma, entonces se presentaron inicialmente 24 denuncias y la iniciativa acabó generando alrededor de un centenar de reclamaciones ante el Ayuntamiento, cerca de 80 de ellas promovidas directamente por vecinos.
Un debate que va más allá de los pisos turísticos
La Plataforma por el Derecho a la Vivienda vincula la expansión de las VUT con el problema del acceso a la vivienda y con el incremento de los precios de los alquileres. El colectivo reclama que las viviendas que no cumplan la normativa dejen de destinarse al turismo y puedan volver al mercado residencial.
El debate, sin embargo, también tiene otra perspectiva. Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) reconocen que está aumentando el número de edificios completos destinados al alquiler turístico, pero defienden que la entrada en vigor de la ordenanza coruñesa ha provocado una reducción del número de pisos turísticos activos. La asociación sitúa actualmente en alrededor de 600 los anunciados en las plataformas, según sus datos.
La nueva denuncia vuelve a colocar así las viviendas turísticas en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda en A Coruña, con una plataforma vecinal que reclama al Ayuntamiento que pase de las inspecciones y requerimientos a actuaciones más contundentes contra los inmuebles que, según denuncia, continúan funcionando fuera de la normativa.