La investigación por los contratos verbales en Cambre queda archivada de forma provisional
El Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña ha acordado el archivo provisional de la causa abierta por la gestión de los contratos verbales en el Ayuntamiento de Cambre durante la etapa del exalcalde Óscar García Patiño, de Unión por Cambre. La resolución aprecia incumplimientos de la normativa de contratación y habla de 'ilegalidades administrativas graves', pero entiende que los hechos analizados no permiten concluir, por ahora, que exista un delito de prevaricación administrativa.
La investigación partía de una denuncia de la Fiscalía y ponía el foco en la continuidad de servicios municipales una vez finalizados los contratos, sin que se completasen nuevos procedimientos de licitación. El juzgado señala que muchos de esos servicios eran básicos y que también existían problemas de personal para tramitar los expedientes, por lo que diferencia entre una gestión administrativa irregular y una conducta penalmente relevante.
La decisión, sin embargo, no es firme. El actual gobierno local, encabezado por Diana Piñeiro, ya ha presentado recurso al considerar que hay indicios suficientes para mantener abierta la investigación. El Ayuntamiento sostiene que no se trató de errores puntuales ni de una simple falta de medios, sino de una práctica continuada durante años para mantener servicios sin contrato en vigor.
En su recurso, el ejecutivo municipal cifra en más de 14,5 millones de euros los pagos realizados fuera de procedimiento y pide que la causa se reabra. También solicita que la investigación se amplíe a la exalcaldesa María Pan, al entender que la dinámica de contratación irregular se prolongó más allá del mandato de García Patiño.
El caso de los contratos verbales lleva meses marcando la actualidad municipal en Cambre. De hecho, actas municipales posteriores recogen referencias a servicios prestados en precario y a contratos verbales declarados nulos por acuerdo plenario, una situación que el actual gobierno asegura querer regularizar mediante nuevas licitaciones.
Ahora será la Audiencia Provincial la que deberá decidir si confirma el archivo provisional o si acepta el recurso presentado por el Ayuntamiento y ordena continuar con la investigación.