La gestión de Alvedro abre un choque político en el Parlamento
Alvedro acabó este martes en el centro del debate parlamentario gallego, aunque no como asunto aislado, sino como parte de la ofensiva del Bloque para que Galicia asuma el control de los aeropuertos de interés general. La iniciativa, registrada por el Grupo Parlamentario del BNG y defendida en el pleno por Paulo Ríos, buscaba que la Cámara tomase en consideración una proposición de ley orgánica para remitirla después al Congreso de los Diputados. No salió adelante porque tanto el PP como el PSdeG votaron en contra de su tramitación.
El texto iba mucho más allá de un gesto político. La propuesta se apoyaba en el artículo 150.2 de la Constitución y reclamaba transferir a Galicia las competencias estatales en materia de gestión de infraestructuras aeroportuarias. En el caso de Alvedro, eso supondría que la comunidad asumiese no solo la gestión, sino también la titularidad del aeropuerto y de los bienes de dominio público afectos a AENA en Galicia, junto con funciones de ordenación, coordinación, explotación, conservación, administración, planificación de infraestructuras, inversiones e incluso el diseño y cobro de tasas, manteniendo fuera del traspaso determinadas funciones estatales como defensa, seguridad exterior, aduanas, sanidad exterior y los ámbitos específicos ligados a la navegación aérea.
En la defensa de la propuesta, el BNG sostuvo que la Xunta y los partidos estatales siguen mirando los aeropuertos con una visión estrecha, limitada al turismo, y dejan en segundo plano cuestiones como la movilidad de la ciudadanía, la intermodalidad o el transporte de mercancías. Paulo Ríos presentó la transferencia como un paso para que Galicia pueda definir una política aeroportuaria propia y puso como referencia el movimiento abierto en Euskadi en torno a la cesión de la gestión aeroportuaria. Los nacionalistas acusaron además a PP y PSdeG de poner trabas a un mayor autogobierno.
El PSdeG rechazó la iniciativa por considerarla de muy difícil encaje legal y económico. El diputado Carlos López Font argumentó que los aeropuertos son infraestructuras estratégicas y que la titularidad estatal no puede transferirse plenamente por esa vía, por lo que calificó la proposición de imposible dentro del marco constitucional. Frente a eso, los socialistas volvieron a defender una fórmula distinta: una comisión bilateral con el Estado e instrumentos de cooperación que permitan a la Xunta participar de forma efectiva en las decisiones sobre conectividad, captación de rutas y coordinación de los tres aeropuertos gallegos.
El PP mantuvo una posición igualmente frontal, aunque con otro enfoque. Paula Prado advirtió de que la gestión directa de los aeropuertos por parte de las autonomías podría ser inconstitucional y censuró lo que definió como propaganda del BNG. Los populares defendieron el modelo en red para los aeropuertos gallegos, insistieron en que Galicia no debe asumir nuevas competencias sin financiación suficiente y contrapuso a la propuesta nacionalista la línea que está impulsando la Xunta, basada en coordinación, promoción e incentivos para la captación de nuevas rutas. El resultado dejó la iniciativa bloqueada y convirtió a Alvedro en uno de los símbolos del pulso político sobre quién debe decidir el futuro aeroportuario gallego.