La cuenta atrás de Losán deja en vilo los empleos de Curtis y Vilasantar
Losán entra en un mes decisivo para el futuro de las plantas de Curtis y Vilasantar. La compañía consiguió una prórroga tras finalizar el plazo del preconcurso de acreedores el pasado 29 de abril, lo que le permite ganar tiempo para presentar un plan de viabilidad. La ampliación, sin embargo, no despeja la incertidumbre que atraviesan los trabajadores ni garantiza la continuidad de la actividad industrial en la comarca.
El alivio llegó acompañado de un pago parcial. La empresa abonó esta semana la nómina de diciembre de 2025, pero todavía quedan pendientes los salarios de enero, febrero, marzo y abril, además de una cantidad adicional recogida en el convenio. En la práctica, la deuda con la plantilla sigue situándose en torno a cuatro mensualidades y media, una situación que mantiene bajo presión a las familias afectadas.
El impacto es especialmente sensible en Curtis y Vilasantar, donde se concentran las principales instalaciones gallegas del grupo, con la planta de Industrias Losán y Aserpal. La representación social lleva semanas reclamando una mesa de negociación con presencia de la Xunta, la SEPI, el IGAPE, la empresa, los ayuntamientos de Curtis y Vilasantar y los comités para conocer la situación real de la compañía y pactar una salida con garantías.
La preocupación va más allá de las nóminas. Los sindicatos advierten de que están en riesgo cerca de 200 empleos directos en Galicia, repartidos entre Curtis, Vilasantar y las oficinas de A Coruña, y alertan del efecto en municipios rurales como Mesía, Oza Cesuras, Boimorto, Irixoa o Melide, ligados también al tejido laboral y forestal de la empresa.
La movilización social creció en las últimas semanas. El personal se concentró ante el Ayuntamiento de Curtis y también aprovechó días de feria en Teixeiro para visibilizar el conflicto entre los vecinos y el comercio local. El comité sostiene que la pérdida de puestos de trabajo sería 'un golpe directo al corazón económico del rural', por la dependencia que muchas familias y empresas auxiliares tienen de la actividad maderera.
La crisis llega después de años de reestructuraciones y apoyo público. El Gobierno autorizó en 2021 una ayuda de 35 millones de euros a Losán con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial, al considerar el grupo un referente del sector de la madera y una compañía estratégica para Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
En el Congreso también se puso el foco en la situación de las fábricas de Curtis y Vilasantar. Una iniciativa parlamentaria señalaba ya a principios de año los impagos salariales, la relevancia de la compañía como segunda mayor maderera gallega por ingresos y la reestructuración de unos 200 millones de euros de deuda iniciada en 2024.
El nuevo plazo abre ahora una carrera contra el reloj. Para Curtis y Vilasantar, la cuestión ya no es solo cuándo se cobrarán los salarios pendientes, sino si Losán será capaz de presentar un proyecto industrial creíble, recuperar actividad, asegurar carga de trabajo y mantener el empleo en una zona con pocas alternativas laborales. Si el plan no llega o no convence, el concurso de acreedores volverá a colocarse en el centro de un conflicto que amenaza con un fuerte impacto social y económico en el interior de la provincia.