La crisis de Losán se agrava con las nóminas pendientes y nuevas protestas de la plantilla
La situación laboral en Losán continúa sin desbloquearse. La plantilla de las factorías de Curtis y Vilasantar mantendrá las movilizaciones en las próximas semanas ante los impagos salariales que todavía arrastra la empresa, inmersa en un proceso decisivo para evitar el concurso de acreedores. Según la representación de los trabajadores, la deuda actual asciende a cuatro nóminas y media paga extra, correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo, además de la extra de marzo. La compañía abonó en las últimas semanas parte de los atrasos, pero el personal sostiene que la recuperación de la actividad no puede plantearse sin regularizar antes los salarios pendientes.
El grupo consiguió a finales de abril una prórroga tras finalizar el plazo del preconcurso de acreedores, lo que le permitió presentar un plan de viabilidad para intentar garantizar la continuidad empresarial. Esa propuesta está ahora pendiente de la evaluación judicial y del periodo de impugnaciones por parte de los acreedores, en un escenario que mantiene en vilo a las familias vinculadas a las plantas gallegas.
El comité considera insuficiente la hoja de ruta de la empresa si no incluye una solución inmediata para las personas trabajadoras. La propuesta de Losán pasa por reactivar de forma progresiva algunas secciones de las plantas, pero la representación sindical advierte de que esa salida resulta inviable mientras continúen sin cobrarse las nóminas atrasadas. El personal reclama un plan industrial real, con compromisos sobre empleo, actividad productiva y pago de los salarios.
La preocupación es especialmente elevada en el interior de la provincia, donde las instalaciones de Curtis y Vilasantar tienen un peso relevante en el tejido económico. La crisis afecta a alrededor de 200 empleos vinculados a los centros gallegos y también golpea a empresas auxiliares relacionadas con el transporte, la madera, los servicios y la actividad forestal. La propia SEPI calificó en su día a Losán como una compañía estratégica en el sector de la madera por su impacto en Galicia, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
La compañía ya había recibido apoyo público de 35 millones de euros, canalizado a través de un préstamo participativo de 21,6 millones y otro ordinario de 13,4 millones. Ese respaldo añade presión al debate sobre el futuro del grupo, ya que los trabajadores reclaman que las administraciones se impliquen en una solución que preserve la actividad industrial y evite la pérdida de empleo en una zona con pocas alternativas laborales.
Las próximas protestas podrían concentrarse de nuevo ante el juzgado y las oficinas centrales de la compañía en A Coruña. La plantilla viene reclamando desde hace meses una mesa de negociación en la que estén presentes la empresa, los comités, la Xunta, la SEPI y los ayuntamientos afectados. El objetivo, insisten, es diseñar una salida con garantías y no limitar la crisis a una reestructuración financiera que deje en segundo plano a las personas trabajadoras.