El TSXG confirma la sanción a un trabajador de residuos de Arteixo por agredir a un compañero
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sanción de un mes sin empleo y sueldo impuesta por el Ayuntamiento de Arteixo a un trabajador del servicio de recogida de residuos por una agresión física y verbal contra un compañero. El alto tribunal ha desestimado el recurso presentado por la CIG contra una resolución judicial anterior favorable a la Administración local y ha ratificado que la medida disciplinaria estaba justificada.
Los hechos que motivaron el expediente se produjeron tras una denuncia del trabajador agredido, quien aseguró que su compañero le había golpeado con una puerta en una ceja y le había proferido insultos. El Ayuntamiento abrió un expediente disciplinario para investigar lo sucedido y resolvió imponer la suspensión de empleo y sueldo durante un mes.
La decisión municipal fue avalada inicialmente por un juzgado de lo Social, que rechazó la demanda presentada por el trabajador sancionado. La CIG recurrió esa resolución, pero el TSXG ha confirmado ahora la sentencia dictada el 2 de febrero de 2026 por la plaza número seis de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de A Coruña.
En el fallo, la Sala ratifica la decisión de desestimar la demanda del afiliado de la CIG y absolver al Ayuntamiento de Arteixo de las pretensiones formuladas contra él, al considerar justificada la sanción impuesta.
La CIG denuncia un conflicto laboral más amplio
La resolución llega en un contexto de tensión entre el sindicato y el Gobierno local por la política de personal. En una concentración celebrada en abril, la CIG-Administración Pública denunció lo que consideraba una política laboral basada en el miedo, la represión y la arbitrariedad por parte del alcalde, Carlos Calvelo.
En aquella ocasión, la central sindical cuestionó específicamente el despido disciplinario de otro trabajador del servicio de residuos, que calificó de «desproporcionado y carente de fundamento real». Según la CIG, esa decisión pretendía generar miedo entre el conjunto del personal municipal.
Se trata de un expediente distinto al de la sanción confirmada ahora por el TSXG. El Gobierno local, por su parte, defendió públicamente la necesidad de investigar y sancionar los incumplimientos laborales graves, y sostuvo que las medidas adoptadas estaban avaladas por informes técnicos y resoluciones judiciales.
El alcalde Carlos Calvelo ya había manifestado su rechazo a este tipo de conductas y recordado que la Administración tiene la obligación de esclarecer los hechos cuando se producen incumplimientos graves en el ámbito laboral, que pueden dar lugar a expedientes disciplinarios y sanciones.