El conflicto laboral llega al pleno con la defensa del gobierno de los despidos y expedientes en Arteixo


La política de personal del Ayuntamiento de Arteixo se convirtió este lunes en uno de los principales focos de tensión municipal. La mañana estuvo marcada por la concentración convocada por la CIG ante la Casa Consistorial y por la celebración de un pleno extraordinario impulsado por la oposición para abordar la gestión laboral del gobierno local. El sindicato denunció un clima de 'miedo, represión y arbitrariedad', mientras el PSOE ya venía advirtiendo en los últimos días de opacidad, conflictos laborales y una tensión creciente en varios servicios municipales.
En su respuesta, el alcalde, Carlos Calvelo, defendió que el Ayuntamiento se ha visto obligado en los últimos años a adoptar medidas disciplinarias y a ejecutar tres despidos por faltas graves en el trabajo. Según sostuvo el regidor, todas estas decisiones se tomaron a partir de informes de los responsables de los distintos servicios y, en el caso de los procesos ya judicializados, cuentan hasta ahora con el aval de los tribunales.
El ejecutivo local puso especial énfasis en el caso más reciente, el de un conductor del servicio de residuos. Según explicó Calvelo, el despido se produjo tras detectarse una supuesta manipulación del sistema de seguridad del camión de recogida, una actuación que, siempre según la versión municipal, podía comprometer tanto la integridad de las personas como el estado del vehículo. El gobierno añadió además que el trabajador había incumplido de forma reiterada tareas asociadas al servicio y había desoído indicaciones de sus superiores.
El alcalde también repasó otros dos despidos. Uno de ellos afectó a un operario de limpieza viaria y, según relató, estuvo motivado por una agresión verbal y física contra un capataz con un arma cortante. El otro corresponde a un trabajador del servicio de aguas al que el gobierno atribuye repetidas negativas a realizar tareas encomendadas, además de otros incumplimientos a lo largo de 2024 y 2025. Junto a estos casos, el Ayuntamiento defendió otro expediente disciplinario con suspensión de empleo y sueldo a un conductor del servicio de residuos por una presunta agresión física y verbal a un compañero.
Frente a esta versión, la CIG sostiene que el despido más reciente en el servicio de residuos es 'desproporcionado y carente de fundamento real' y lo enmarca en una estrategia para amedrentar a la plantilla municipal y frenar la contestación sindical. El sindicato alertó además de un deterioro del clima laboral y vinculó este conflicto con un proceso más amplio de deterioro y privatización de servicios públicos.
En esa misma línea crítica, los socialistas de Arteixo defendieron que el pleno extraordinario debía servir para exigir explicaciones sobre la gestión de personal, tanto por los despidos y sanciones como por la situación de SUMARTE, los procesos selectivos y la externalización de algunos servicios. El choque deja así abierto un nuevo frente político y laboral en el Ayuntamiento, con un gobierno que reivindica su obligación de actuar ante incumplimientos graves y con una oposición y una central sindical que denuncian una deriva autoritaria en la gestión interna.