Una resolución de Trabajo frena el polémico convenio textil de ARTE que amenazaba los derechos laborales en Arteixo y en toda Galicia
O Ministerio de Trabajo y Economía Social ha tumbado provisionalmente el avance del primer convenio colectivo estatal de las grandes marcas del comercio textil y del calzado. Esta normativa, impulsada de forma directa por la patronal ARTE (asociación que integra a las principales multinacionales del sector, entre las que destaca la firma Inditex, con sede en el municipio de Arteixo) y que contaba con el sí de Fetico y CCOO, ha quedado suspendida de forma fulminante. La resolución del departamento estatal paraliza por completo el proceso de registro oficial y obliga a subsanar un importante volumen de deficiencias legales antes de poder continuar con su tramitación.
El dictamen emitido por la Dirección General de Trabajo consta de un informe de once páginas en el que se detallan numerosos errores y brechas jurídicas de gran calado. Entre los puntos más conflictivos señalados por la administración se encuentran las cláusulas que regulan la prioridad de aplicación del texto y la concurrencia entre diferentes convenios. Asimismo, el documento estatal pone el foco sobre diversas ilegalidades vinculadas a las modalidades de contratación y detecta situaciones de discriminación severa que afectarían de lleno al personal temporal o a los trabajadores de nueva incorporación.
Este correctivo del Gobierno central confirma las demandas que la central sindical CIG venía defendiendo desde hace meses a través de constantes movilizaciones y jornadas de huelga en la provincia de A Coruña. El sindicato nacionalista explica que el objetivo oculto de la patronal ARTE era imponer un marco regulador estatal con condiciones laborales muy por debajo de las que rigen actualmente a nivel local. Esto provocaría que las plantillas gallegas perdiesen su marco de protección histórica y quedasen supeditadas a acuerdos centralizados, anulando la capacidad de movilización y las ventajas contenidas en los convenios provinciales vigentes. Además, alertan de que el redactado pretendía prohibir implícitamente la negociación de mejoras en rangos territoriales inferiores.
Ante este nuevo escenario, la CIG mantiene su hoja de ruta para exigir formalmente la puesta en marcha del Acordo Marco Galego de Comercio, una herramienta legal diseñada para blindar y dar preferencia total a los convenios provinciales frente a las estrategias de abaratamiento estatal. Desde la central sindical advierten de que si las grandes multinacionales pretenden seguir adelante con este proyecto integrador, se verán en la obligación de convocar de nuevo la mesa de negociación en Madrid para rediseñar el articulado desde el principio, por lo que instan a la patronal a abandonar definitivamente esta ofensiva contra los derechos adquiridos de los trabajadores.