Oleiros lidera una acción conjunta para llevar a la Xunta a los tribunales por la financiación de la Dependencia y del SAF

ACoruñaXa
Alternativa dos Veciños plantea que la Diputación de A Coruña cree una oficina de apoyo técnico y jurídico y asuma costes y defensa legal para los ayuntamientos que se sumen
OLEIROS garcia seoane
27 Jan 2026

La propuesta de impulsar una denuncia conjunta de ayuntamientos de la provincia contra la Xunta por la financiación de la Dependencia y del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) llegará al Pleno de la Diputación de A Coruña a través de una moción de Alternativa dos Veciños, una iniciativa liderada por el Ayuntamiento de Oleiros y promovida por su alcalde, Ángel García Seoane, en su condición de portavoz provincial del grupo.

En el documento, Alternativa sostiene que los ayuntamientos están cubriendo con fondos municipales una parte del coste de un servicio vinculado a competencias autonómicas en políticas sociales. Argumenta que la cantidad por hora que transfiere la Xunta está lejos de cubrir el gasto real que soportan los municipios, tanto cuando contratan empresas como cuando el servicio se presta con personal propio.

La moción también critica el acuerdo firmado entre la Fegamp y la Xunta por considerar que oficializa la infrafinanciación. En concreto, señala que el convenio fija para 2028 una aportación autonómica de 18 euros por hora, mientras que el coste del SAF ya se situaría en 24 euros por hora y podría aumentar en los próximos años.

Entre los acuerdos propuestos al Pleno provincial figuran instar a la Xunta a financiar de forma inmediata el 100 por 100 del coste real del SAF y crear en la Diputación una oficina de asesoramiento técnico-jurídico para coordinar a los ayuntamientos interesados, recopilar datos de infrafinanciación y reforzar la demanda. Además, Alternativa plantea que la Diputación asuma la asistencia jurídica y los gastos derivados de presentar y tramitar la denuncia conjunta y que el acuerdo se notifique a todos los ayuntamientos de la provincia, a la Xunta y a la Fegamp.

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