La incertidumbre crece en Monte do Mero tras la reunión con el Ayuntamiento y la nueva oferta de la Xunta
El conflicto abierto por el PIA de Monte do Mero ha entrado esta semana en una nueva fase, pero la tensión vecinal sigue intacta. Las representantes de las asociaciones de Eirís y Pedralonga se reunieron este martes, 17 de marzo, con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y con el concejal de Facenda, José Manuel Lage, en un encuentro que llevaban reclamando desde noviembre. La cita llegó apenas un día después de que la Xunta anunciase que convocará a los afectados el 25 de marzo y que ofrecerá viviendas de sustitución a las personas que tengan en el ámbito su residencia habitual y permanente. El plan autonómico prevé urbanizar más de 40 hectáreas para levantar más de 4.000 viviendas, de las que el 80 por ciento serán protegidas.
Lejos de rebajar la tensión, el anuncio autonómico ha aumentado el escepticismo entre los residentes. Las asociaciones sostienen que, por ahora, solo dos personas han recibido notificación oficial e insisten en que la propuesta de la Xunta no resuelve la principal angustia de la zona: saber quién podrá quedarse, en qué condiciones y con qué compensación real. En una conversación facilitada a esta redacción, la presidenta de la entidad vecinal de Eirís, Mónica Díaz, advierte de que la oferta conocida hasta ahora no concreta precios ni criterios de acceso y solo menciona las viviendas habituales, dejando en el aire qué ocurrirá con otros propietarios y con las parcelas.
La preocupación va más allá de la vivienda. Según Mónica, el impacto real podría rozar las 50 casas, aunque en el ámbito se contabilizan 38 edificaciones, porque en algunas conviven varias unidades familiares. La asociación teme que una salida basada en pisos estándar o en nuevas cargas económicas no responda a una realidad de viviendas con huerta, terrenos anexos y convivencia intergeneracional. También recuerdan que en fases anteriores ya se les trasladaron alternativas que después no se concretaron, entre ellas la compra de parcelas a un precio que, según denuncian, resultaba muy superior al valor de la expropiación.
La movilización vecinal lleva semanas ganando visibilidad. El pasado 12 de marzo, alrededor de 60 personas aprovecharon la inauguración de la exposición 'Emigrantas' en el Kiosco Alfonso para denunciar públicamente las expropiaciones y recoger firmas. No fue el primer aviso a las administraciones. Ya en enero, el gobierno local había reclamado a la Xunta 'respeto' para los propietarios actuales y compensaciones razonables o fórmulas que permitiesen a las familias seguir en la zona. El trasfondo del conflicto viene de atrás: la delimitación del ámbito SUD-4 Monte Mero fue aprobada por la Xunta en junio de 2025, con la conformidad municipal, y el proyecto recibió luz verde ambiental en noviembre de ese mismo año.
Con ese recorrido a sus espaldas, la vecindad mantiene la cautela. La reunión en el Ayuntamiento sirvió para que el gobierno local se comprometiese a estudiar las demandas y trasladarlas a la administración autonómica, pero los afectados tienen claro que los anuncios ya no les bastan. Lo que exigen ahora es una garantía por escrito que impida que el nuevo barrio se construya a costa de expulsar de sus casas a quienes llevan décadas viviendo en Monte do Mero.