Culleredo queda fuera de la subida autonómica del SAF y estudia llevarlo a los tribunales
Culleredo afronta una nueva frente alrededor de la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF). El municipio quedó fuera, por ahora, de la actualización económica acordada entre la Xunta y la Fegamp, una medida que eleva de forma progresiva la aportación autonómica por hora de atención y que sí se aplicará a la práctica totalidad de los ayuntamientos gallegos.
La exclusión se debe a que el Ayuntamiento no formalizó dentro de plazo su adhesión al convenio. Según la orden publicada en el Diario Oficial de Galicia, las entidades locales disponían de un mes desde el 27 de marzo para comunicar su voluntad de incorporarse al nuevo sistema de financiación. Ese período terminó el 28 de abril.
El acuerdo establece una subida gradual de la aportación autonómica al SAF: 16 euros por hora en 2026, 17 euros en 2027 y 18 euros en 2028. La medida parte de los 12 euros por hora que se venían aplicando y supone un incremento progresivo para aliviar la carga económica que soportan los ayuntamientos en un servicio esencial para personas en situación de dependencia.
Culleredo es uno de los cinco municipios gallegos que quedaron fuera de esta actualización, junto con Gondomar, Rodeiro, Rairiz de Veiga y Entrimo. En el ámbito coruñés es el único ayuntamiento afectado, lo que abrió una crisis política local y también una discusión sobre el procedimiento seguido para aplicar la nueva financiación.
El Gobierno municipal defiende que el SAF continuará prestándose con normalidad y que las personas usuarias no verán alterada la atención. El alcalde, José Ramón Rioboo, sostiene que la actualización debería aplicarse de manera general a todos los ayuntamientos y no quedar condicionada a una adhesión expresa. Por eso, el Ejecutivo local estudia recurrir a la vía contencioso-administrativa y coordinarse con el resto de municipios que se encuentran en la misma situación.
La oposición municipal critica, por su parte, que el Ayuntamiento dejase pasar una oportunidad de captar más fondos para un servicio que supone un importante esfuerzo económico para las arcas locales. El PP de Culleredo calcula que la pérdida podría rondar los 700.000 euros, una cifra que el Gobierno local no comparte como argumento político e insiste en que la prioridad debe ser garantizar la atención a las personas dependientes.
La Fegamp también pidió buscar una solución para los ayuntamientos excluidos. La federación municipalista considera que la adhesión expresa no figuraba inicialmente en el acuerdo firmado con la Xunta y reclama una fórmula que permita incorporar a las administraciones locales que quedaron fuera por una cuestión de trámite.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate de fondo sobre el coste real del SAF. Muchos ayuntamientos llevan tiempo reclamando una mayor implicación de la Xunta y del Estado, al entender que la atención a la dependencia es una competencia que no debería recaer de forma tan intensa en las haciendas municipales. Incluso con la subida prevista hasta 2028, la aportación autonómica seguirá por debajo del coste efectivo del servicio en buena parte de los municipios.