La CIG pone en marcha su calendario de movilizaciones previas a la huelga general convocada para noviembre
El sindicato CIG ha comenzado este jueves su ronda de actos previos a la huelga general que tiene previsto convocar para el próximo mes de noviembre. La jornada ha consistido en asambleas comarcales dirigidas a personas delegadas sindicales, junto con concentraciones frente a distintas sedes de la administración autonómica repartidas por el territorio gallego, entre ellas Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol y Lugo.
Con estas protestas, la central sindical busca denunciar lo que considera una falta de respuesta por parte del gobierno gallego ante lo que define como una situación de emergencia social que afecta a buena parte de la clase trabajadora del país. Entre sus principales reivindicaciones figura la puesta en marcha de un paquete de medidas urgentes que haga frente al encarecimiento de los precios, calificado por el sindicato de insostenible, y que garantice el acceso a una vivienda digna.
Esta jornada de movilización se enmarca dentro de una campaña que la CIG puso en marcha en septiembre bajo el lema que reclama que sea el capital quien asuma el coste de la subida de precios y reivindica el derecho a una vida digna. Dicha campaña recoge un total de diez propuestas urgentes relacionadas con salarios, precios y vivienda, cuyos puntos centrales se han trasladado ahora al lema con el que se ha convocado el paro general, centrado en la idea de una Galicia que lucha por una vida digna.
Durante las asambleas celebradas en distintos puntos del territorio se repasó el contexto socioeconómico actual y se debatieron las propuestas que el sindicato quiere poner sobre la mesa, además de abordarse la propia convocatoria de huelga y la necesidad de que logre un seguimiento amplio para presionar a las administraciones a actuar con rapidez ante lo que consideran una situación crítica para la mayoría social. El sindicato plantea además que esta movilización sirva también como respuesta en la calle al avance de posiciones que califica de reaccionarias, vinculadas al crecimiento de opciones de derecha, ultraderecha y fascismo.
A través de esta campaña, la CIG quiere poner el foco en lo que describe como un empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora, que ve dificultado su acceso no solo a la vivienda sino también a bienes básicos como la alimentación, la energía o el combustible. Así lo trasladó su secretario general, Paulo Carril, al término de la concentración celebrada en Vigo, donde reclamó un cambio radical en las políticas aplicadas tanto por el gobierno central como por el autonómico. A su juicio, el primero estaría adoptando medidas insuficientes, como los recientes decretos en materia de vivienda o el denominado decreto "anticrisis", mientras que el segundo centraría sus esfuerzos en el control del absentismo laboral, en lugar de atender lo que considera la verdadera causa del problema: el empobrecimiento y la falta de protección derivados de políticas de privatización de servicios públicos.
Carril defendió que la huelga general debe lograr un seguimiento total en Galicia para demostrar que existen alternativas posibles en materia de política laboral y social, con el objetivo de garantizar derechos laborales y una vida digna para la mayoría de la población. Según explicó, estas alternativas deberían traducirse en un plan de choque que incluya, entre otras medidas, detener el incremento del gasto militar para destinar esos recursos a protección social, servicios públicos y a un sistema público gallego de atención a las personas; la intervención pública en sectores considerados estratégicos, como el financiero, el energético, el alimentario, el de la vivienda y el de la movilidad; y la fijación del salario mínimo interprofesional en 1.374,74 euros mensuales, con efecto retroactivo desde el 1 de julio de 2026, para dar cumplimiento a la Carta Social Europea.
En materia de vivienda, el sindicato plantea prohibir los desahucios y proteger a quienes tienen dificultades para afrontar el pago del alquiler o la hipoteca, además de congelar tanto las rentas de alquiler como las subidas vinculadas a los intereses hipotecarios. También reclama que las viviendas en manos de la Sareb se pongan de forma inmediata a disposición de personas y colectivos en situación de necesidad, que se limiten los alquileres fijados por los grandes propietarios y que se cree un banco público gallego orientado al alquiler social.
Respecto al sector de la alimentación, la propuesta pasa por fijar precios populares para los productos básicos y precios justos para quienes los producen, evitando así prácticas especulativas por parte de determinadas empresas del sector. En el ámbito energético, el sindicato aboga por la creación de una empresa pública gallega de electricidad y de una tarifa eléctrica propia que evite la especulación, junto con cambios en la forma en que se fijan los precios y se compone la factura. En cuanto a los carburantes, reclama establecer un precio máximo para la gasolina y el diésel mientras no se estabilicen sus precios, así como reforzar el transporte público mediante un aumento de frecuencias y horarios más amplios, una mayor cobertura de descuentos y la ampliación de los trayectos gratuitos.
Carril señaló que la huelga general debería servir también como impulso para varios procesos de negociación colectiva actualmente abiertos en sectores relevantes de la economía gallega, como el comercio de alimentación en las provincias de A Coruña y Lugo, o el sector del metal y su comercio en la provincia de Lugo.