La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lleva al Gobierno la batalla por las indemnizaciones del Pazo de Meirás
La sentencia del Tribunal Supremo sobre el Pazo de Meirás ha abierto un nuevo frente político y memorialista. La ARMH anunció que exige al Gobierno que impulse medidas contra los descendientes de Francisco Franco por la ocupación y utilización durante años de un bien que la justicia considera propiedad del Estado, al tiempo que rechaza que se les reconozca una indemnización por los gastos asumidos en el inmueble. Esa petición fue presentada formalmente ante la Secretaría y Oficina del presidente del Gobierno, según consta en el documento aportado por la propia entidad.
El movimiento de la asociación se produce apenas un día después de que la Sala Primera del Tribunal Supremo confirmase por unanimidad la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña. El alto tribunal ratificó que el pazo de Sada pertenece al Estado y descartó que los herederos de Franco hubiesen adquirido la propiedad por usucapión, al concluir que el inmueble estuvo destinado desde 1938 al servicio de la Jefatura del Estado y que sus ocupantes no pudieron poseerlo como dueños, al menos, hasta la década de los 90.
La resolución, sin embargo, también mantiene el criterio de la Audiencia coruñesa sobre el derecho de la familia a ser indemnizada por los gastos necesarios y útiles realizados durante el tiempo de su posesión. El Supremo sostiene que en la demanda inicial de la Abogacía del Estado ya se admitía expresamente que los herederos eran poseedores de buena fe, y considera que esa postura no podía alterarse después sin causar indefensión.
Frente a esa conclusión, la ARMH eleva el tono y sostiene que lo que hubo fue una apropiación indebida de un bien público, con un perjuicio prolongado para las arcas estatales y para las víctimas del franquismo. En el escrito registrado este viernes, la entidad solicita que el Ejecutivo y los abogados del Estado impulsen todas las actuaciones posibles para sancionar a la familia del dictador y para oponerse a la indemnización derivada del fallo. La asociación entiende que esa eventual compensación supondría una nueva humillación para las víctimas de la dictadura.
La nueva ofensiva de la ARMH devuelve Meirás al centro del debate público en Galicia y en Sada, ya no por la titularidad del inmueble, que el Supremo da por cerrada, sino por las consecuencias económicas y simbólicas de la sentencia. Ahí se sitúa ahora el foco del conflicto: mientras la justicia consolida la devolución definitiva del pazo al Estado, el movimiento memorialista trata de evitar que la resolución termine traduciéndose en un pago a la familia Franco. Esta última idea es una inferencia periodística a partir del fallo y del escrito registrado por la asociación.