La ARMH pide suspender la subasta de objetos vinculados al Pazo de Meirás hasta que se acredite su propiedad
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado al Gobierno que promueva la suspensión cautelar de una subasta de cientos de objetos, muebles y obras de arte que la familia del dictador Francisco Franco atribuye a su patrimonio y que, según el catálogo de la venta, formaron parte de la decoración del Pazo de Meirás. La entidad reclama que se acredite la propiedad de cada una de las piezas antes de que salgan a la venta.
La asociación registró su petición ante la Presidencia del Gobierno el miércoles 21 de octubre. En el escrito, insta al Ejecutivo a actuar a través de la Fiscalía General del Estado para que se investigue la procedencia de los bienes y se paralice cautelarmente la subasta mientras no se demuestre que pertenecen legítimamente a los herederos de Franco.
La venta está organizada por la casa madrileña Magna Art Auctions y está prevista para los días 27 y 28 de octubre de 2026, a partir de las 17:00 horas. El catálogo recoge centenares de lotes de mobiliario, alfombras, porcelanas, relojes, pinturas y otros objetos decorativos.
La ARMH cuestiona la descripción del Pazo de Meirás en el catálogo
Uno de los argumentos centrales de la reclamación es la descripción que la casa de subastas incluye en su catálogo. En una carta dirigida a clientes y amigos, el responsable de la firma, José Miguel Carrillo de Albornoz, presenta la venta como una oportunidad para adquirir piezas que formarían parte de la historia familiar del Pazo de Meirás, al que se refiere como una propiedad de la familia Martínez-Bordiú Franco durante décadas.
La ARMH considera que esa afirmación es falsa, ya que la propiedad del inmueble fue objeto de un procedimiento judicial que determinó que debía ser recuperado por el Estado. La asociación sostiene que esta descripción genera dudas sobre la procedencia de los objetos que se ofrecen y defiende que es necesario comprobar si alguna de las piezas pudo pertenecer a bienes públicos o haber sido entregada a la Jefatura del Estado.
La entidad no aporta en su comunicado una acreditación individualizada de que los objetos incluidos en la subasta sean bienes públicos. Por ello, su petición se centra en que se investigue su origen y que la familia Franco demuestre documentalmente la propiedad de cada lote antes de proceder a su venta.
Emilio Silva denuncia la falta de control sobre los bienes atribuidos a Franco
El presidente de la ARMH, Emilio Silva, cuestiona que no se haya fiscalizado de manera suficiente la comercialización de objetos que se atribuyen al dictador y plantea que algunos podrían haber sido regalos institucionales o bienes pertenecientes al Estado.
Silva también recuerda el expolio de propiedades sufrido por familias republicanas durante la dictadura y critica que se puedan obtener beneficios económicos de objetos cuya titularidad considera necesario aclarar. Sus declaraciones forman parte de la denuncia pública de la asociación, que reclama una investigación sobre la procedencia de las piezas.
La ARMH solicita que el Gobierno, mediante la Fiscalía General del Estado, promueva la suspensión cautelar de la subasta hasta que se acredite que los bienes pertenecen legítimamente a los herederos de Franco y que no se trata de objetos que deban formar parte del patrimonio público.
Una subasta con cientos de lotes
El catálogo de Magna Art Auctions incluye una amplia variedad de piezas, entre ellas muebles, alfombras, porcelanas chinas, relojes antiguos, pinturas y objetos ornamentales. La primera sesión está programada para el martes 27 de octubre, con los lotes del 1 al 689, mientras que la segunda sesión se celebrará el miércoles 28.
La petición de la ARMH abre el debate sobre la procedencia y la titularidad de los bienes atribuidos al entorno familiar de Franco. La asociación reclama que esa cuestión se aclare antes de que se complete la venta, aunque la documentación aportada hasta ahora no permite afirmar que todos los objetos subastados pertenezcan al Estado ni que exista una resolución judicial sobre la titularidad de cada una de las piezas.