El TSXG respalda al Concello de Culleredo en el caso Jardincelas y tumba la reclamación millonaria
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una resolución que da la razón al Concello de Culleredo en el litigio con Jardincelas S.L., al desestimar por completo el recurso de apelación presentado por la empresa contra la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña. La Sala impone además las costas procesales a la parte recurrente.
La compañía reclamaba 2.008.510,62 euros, más el IVA (303.428,27 euros) y los intereses, alegando un perjuicio económico derivado del servicio. El fallo de primera instancia (del 18 de febrero de 2025, según la información publicada) ya había rechazado íntegramente esa pretensión y respaldado al Ayuntamiento, criterio que ahora confirma el TSXG.
La sentencia sostiene que no existe prueba alguna de un supuesto enriquecimiento injusto por parte de la administración. En esa línea, el tribunal cuestiona el informe pericial presentado por Jardincelas, al indicar que parte de una premisa equivocada (dar por vigente el contrato) y que no se aportó una justificación documental, separada y detallada de los costes reales ni de un beneficio indebido del Concello.
El TSXG remarca también que durante el periodo reclamado no había contrato en vigor, por lo que no cabía activar herramientas como revisiones de precios o reequilibrios económicos. Además, refuerza la validez técnica de los informes municipales, que reflejaban que los trabajos efectivamente prestados fueron inferiores a los inicialmente pactados y que los pagos realizados cubrieron el coste real del servicio.
El conflicto tuvo, además, derivadas laborales y un fuerte eco político. En mayo de 2025, el Concello comunicó que no recurriría una sentencia del Juzgado de lo Social que lo declaraba responsable solidario junto a la empresa por impagos salariales a 17 trabajadores. Con Jardincelas en proceso de liquidación, el Ayuntamiento asumía el abono y avanzaba la subrogación del personal en las nuevas adjudicatarias, dentro de la reordenación de los contratos de mantenimiento de zonas verdes e instalaciones deportivas.
En el plano político, el gobierno local afirma que la decisión del TSXG desacredita el discurso de la oposición, especialmente del PP; los populares, por su parte, sostienen que el fallo no avala la gestión municipal y vuelven a señalar la prestación de servicios durante años sin contrato vigente.