El pulso por los VTC llega al pleno con la presión de PP y BNG y la ordenanza municipal de fondo
El conflicto entre el taxi y los VTC entrará de lleno en el Pleno del 9 de abril, después de una semana marcada por una nueva movilización del sector en las calles de la ciudad. ACoruñaXa recogió tanto la convocatoria previa de la protesta como la marcha posterior, que elevó la presión sobre María Pita y devolvió al primer plano el debate sobre el control de los servicios urbanos.
El PP llevará a la sesión una pregunta oral para pedir explicaciones por la ausencia de sanciones de la Policía Local a los VTC que, según denuncia, incumplen la normativa. Los populares sostienen que la Xunta remitió 245 sanciones al Ayuntamiento en 2025 y que solo se notificaron 36, un dato con el que vinculan el malestar expresado por los taxistas en las últimas protestas.
Por su parte, Avia Veira formulará otra pregunta oral con un tono más político, al cuestionar abiertamente el interés de Inés Rey por abrir la puerta a los VTC en la ciudad. El mensaje encaja con la posición que el BNG viene manteniendo desde hace meses: la formación rechaza que estos vehículos hagan viajes urbanos y defiende que cualquier regulación dé prioridad al taxi como servicio público.
La posición del Ayuntamiento es distinta. El Gobierno local inició el 15 de enero la consulta pública previa para elaborar una ordenanza específica sobre el transporte urbano en VTC, un proceso que define como primer paso antes de decidir si procede autorizar servicios urbanos y en qué condiciones. En el documento base de la consulta, María Pita fija como objetivo ordenar la convivencia entre taxi y VTC, garantizar un servicio de calidad, suficiente, accesible y seguro, y evitar la degradación del taxi.
En esa misma línea, el Ayuntamiento lleva tiempo reclamando a la Xunta que deje de conceder licencias sin un estudio previo de las necesidades reales y sin un marco común para las ciudades gallegas. Al mismo tiempo, la alcaldesa defendió en los últimos días que el conflicto no se resuelve solo con multas, sino con una regulación de convivencia. Según los datos difundidos por Inés Rey, en lo que va de año se tramitaron 112 actas sancionadoras que dieron lugar a 36 resoluciones y 276.030 euros en sanciones.
El telón de fondo es el marco estatal abierto por el Real Decreto-ley 13/2018, que reserva con carácter general a las autorizaciones VTC el transporte interurbano y deja en manos de las administraciones competentes la regulación de los servicios íntegramente urbanos. Sobre ese terreno se juega ahora la batalla política en A Coruña: PP y BNG coinciden en elevar la presión, aunque desde estrategias distintas, mientras el Ayuntamiento trata de afianzar una ordenanza propia.