El PP de Betanzos anuncia alegaciones y una recogida de firmas contra la ordenanza que limitará el tráfico en el casco histórico

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Los populares llevarán el asunto al pleno del martes 24 de febrero, con una norma que fija 30 minutos para vehículos no residentes y carga y descarga de 7.00 a 11.00, con control mediante cámaras
BETANZOS casco historico
24 Feb 2026

La ordenanza de movilidad con la que el Ayuntamiento de Betanzos busca reducir el tráfico rodado en el casco histórico ha abierto un nuevo frente político. El grupo municipal del PP anunció que presentará una alegación para intentar modificar una norma concebida para priorizar el uso peatonal, restringir accesos y evitar estacionamientos indebidos, con un sistema de control apoyado en 12 cámaras.

La portavoz popular, Ceci Vázquez, avanzó además que, una vez elaborada la alegación, impulsarán una recogida de firmas para ‘aglutinar el sentir’ de comerciantes y vecinos. El PP sostiene que el plan fue promovido por el gobierno local ‘de forma unilateral’ y sin diálogo previo, y advierte de su impacto sobre el comercio tradicional y sobre las personas residentes en el centro.

El debate llegará al pleno ordinario convocado para el martes 24 de febrero, a las 20.30 horas, cuyo orden del día incluye una moción del PP relacionada con la ordenanza reguladora del acceso de vehículos al casco histórico.

Entre los cambios que los populares pretenden introducir figuran la ampliación del límite máximo de 30 minutos para el tránsito o el estacionamiento de no residentes y la extensión del horario de carga y descarga de 7.00 a 11.00. Ese diseño forma parte del núcleo de la propuesta municipal, que también establece prioridad peatonal y una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora para los vehículos autorizados.

El PP reclama ‘mayor claridad’ sobre el régimen sancionador y ve ‘llamativo’ que los presupuestos municipales contemplen este año 210.000 euros de ingresos por multas de tráfico. En paralelo, el debate también se ha trasladado al tejido comercial del casco, con entidades que alertan de que la norma puede traducirse en ‘más trabas’ para compras, gestiones y repartos.

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