El PP de A Coruña endurece su respuesta al BNG y mantiene que derogará la zona tensionada si llega a la Alcaldía
El debate sobre la vivienda y la movilidad en A Coruña vuelve a elevar la tensión entre PP y BNG a menos de un año de las elecciones municipales de 2027. El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, ha respondido a las últimas declaraciones de la candidata del BNG a la Alcaldía, Avia Veira, y ha reafirmado que su formación pretende derogar la declaración de zona de mercado residencial tensionado si llega al Gobierno municipal.
A Coruña está declarada como zona de mercado residencial tensionado desde 2025, una medida prevista en la Ley estatal de Vivienda que permite, entre otras cuestiones, aplicar determinadas limitaciones a los precios de los alquileres.
Veira defendió esta semana el mantenimiento de la medida, aunque reconoció que tiene limitaciones y que debe complementarse con otras políticas públicas. El BNG también reclama que los 5,1 millones de euros vinculados a las zonas tensionadas de A Coruña y Santiago sean transferidos directamente a los dos ayuntamientos, frente a la decisión de que sean gestionados por la Xunta.
Lorenzo, por su parte, mantiene su oposición a la zona tensionada y sostiene que el problema de la vivienda debe abordarse mediante un incremento de la oferta, la promoción de vivienda protegida, la agilización de las licencias y programas de rehabilitación.
El PP cuestiona el efecto de la zona tensionada
En su respuesta a las declaraciones de Veira, Lorenzo afirmó que la declaración no está resolviendo el acceso a la vivienda y criticó que el BNG defienda una medida que, a su juicio, no soluciona el problema del alquiler.
El portavoz popular también cuestionó la gestión municipal en materia de vivienda y citó proyectos como Visma, Xuxán, Pontejos, As Xubias, Castrillón y Agra dentro del debate sobre la construcción y el desarrollo urbanístico de la ciudad.
Entre las propuestas que el PP defiende figura incrementar la construcción de vivienda, especialmente protegida, así como acelerar la tramitación de las licencias municipales y habilitar ayudas para actuaciones de rehabilitación e instalación de ascensores.
El BNG, por su parte, defiende que la zona tensionada es una herramienta más para intentar contener los precios y señala que la medida puede permitir determinadas prórrogas de los contratos de alquiler en condiciones reguladas.
El debate llega además pocos días después de que los gobiernos municipales de A Coruña y Santiago reclamaran a la Xunta que los fondos estatales vinculados a la declaración de ambas ciudades como zonas tensionadas lleguen directamente a los ayuntamientos.
La movilidad entra también en el enfrentamiento político
Las críticas del PP no se han limitado a la vivienda. Lorenzo vinculó también el debate político a la situación de la movilidad y los accesos a la ciudad, y reclamó una mayor presión ante el Gobierno central para avanzar en diferentes infraestructuras pendientes.
El portavoz popular citó los retrasos que, según su grupo, acumulan actuaciones como Alfonso Molina, la Cuarta Ronda, A Pasaxe o el Vial 18, además de reclamar avances en el tren de proximidad.
En este ámbito, el PP también cuestiona la situación del transporte urbano y metropolitano y reprocha al Gobierno local diferentes decisiones relacionadas con la estación de autobuses y la movilidad.
La cuestión del transporte metropolitano también está presente en el debate político local. Este martes, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, diferentes colectivos volvieron a reclamar mejoras en el transporte público, aparcamientos disuasorios y alternativas para reducir la dependencia del vehículo privado.
Lorenzo aseguró además que su grupo ya llevó al Pleno propuestas relacionadas con la movilidad, entre ellas reclamar una mayor presión sobre el Estado para avanzar en los accesos, elaborar un nuevo Plan de Movilidad Sostenible y adoptar medidas para mejorar el aparcamiento en los barrios y la seguridad vial.
Así, vivienda y movilidad vuelven a situarse en el centro del debate político coruñés, con PP y BNG defendiendo enfoques diferentes sobre la regulación de los alquileres, la promoción de vivienda pública y las actuaciones necesarias para mejorar los desplazamientos en la ciudad.