El futuro de la antigua prisión de A Coruña llega al Senado tras el fallo judicial que obliga a devolverla gratis
El largo conflicto judicial y político por la titularidad de la antigua cárcel provincial de A Coruña, situada en las inmediaciones de la Torre de Hércules, se traslada ahora a las Cortes Generales. La senadora Rosa Gallego y el portavoz municipal del Partido Popular, Miguel Lorenzo, han unido estrategias para registrar una batería de preguntas por escrito dirigidas al Gobierno de España. Esta ofensiva parlamentaria se produce inmediatamente después de que la Audiencia Provincial dictara una sentencia que tumba las intenciones del ejecutivo local y exime a la ciudad de pagar cuantía alguna por recuperar el edificio.
Para comprender la magnitud del problema es necesario recordar que este complejo penitenciario lleva años sumido en el abandono y el auténtico debate giraba en torno a quién debía pagar la factura de su recuperación. El gobierno local, liderado por la alcaldesa Inés Rey, defendía la firma de un convenio con el Ministerio del Interior que implicaba desembolsar más de dos millones de euros públicos para obtener la devolución del espacio, una cantidad que el Gobierno central llegó a elevar hasta los 15 millones de euros en concepto de reclamación. Por su parte, los populares se opusieron frontalmente desde el principio y lograron bloquear ese pago en el pleno, sosteniendo que el inmueble debía revertir a la ciudadanía sin coste alguno debido al incumplimiento de las condiciones originales de cesión cuando dejó de funcionar como prisión.
La reciente resolución judicial da la razón a la tesis del Partido Popular al declarar la nulidad absoluta de dicho convenio. El fallo no solo ratifica que A Coruña tiene derecho a recibir la antigua cárcel de forma totalmente gratuita, sino que además dictamina que el Estado es el único responsable de sufragar los gastos derivados del mantenimiento, la vigilancia y el profundo deterioro que ha sufrido la infraestructura a lo largo de las últimas décadas.
Ante este nuevo escenario, los conservadores demandan respuestas claras en Madrid. Entre las cuestiones presentadas, se interroga al Ministerio de Interior sobre si tiene pensado acatar la sentencia de forma definitiva o si, por el contrario, prevé prolongar el proceso mediante un recurso ante el Tribunal Supremo. Asimismo, el Partido Popular reclama saber en qué plazos se ejecutará la entrega gratuita de la propiedad y exige que el Estado asuma la financiación íntegra de las obras de reforma precisas para dotar al edificio de nuevos usos comunitarios, afeando que la administración central lleve tiempo utilizando sin pagar nada la parcela anexa donde se ubica el Centro de Inserción Social.