El fallo de Nostián aviva el choque político por el acuerdo con la concesionaria
La sentencia que avala el acuerdo entre el Ayuntamiento de A Coruña y la concesionaria de la planta de Nostián ha abierto un nuevo capítulo en el debate político sobre la gestión de los residuos en la ciudad. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 desestimó el recurso presentado por el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, contra el pacto que permitió ingresar 8,3 millones de euros en las arcas municipales.
El acuerdo puso fin a años de conflicto por el sobrecoste derivado del tratamiento de los rechazos de la planta, es decir, la parte de los residuos que no se podía reciclar y tenía que ser gestionada por otras vías. La reclamación inicial del Ayuntamiento superaba los 15 millones de euros, pero el ejecutivo local cerró una transacción con la empresa por 8,3 millones.
El gobierno municipal sostiene que la resolución judicial confirma la legalidad de su actuación y rechaza la tesis de que hubiese una condonación irregular de deuda. El portavoz municipal, José Manuel Lage, defendió que la negociación permitió recuperar más dinero del que algunos informes consideraban garantizado y criticó que gobiernos anteriores no activasen antes la reclamación.
Desde el PP, Miguel Lorenzo admite que la sentencia declara legal el acuerdo, pero mantiene su oposición política al pacto. El portavoz popular insiste en que la ciudad renunció a 7,3 millones de euros que, a su juicio, debía pagar la concesionaria, y califica la decisión de 'legal, pero no ética'.
La posición de los populares es que una rebaja de esa cuantía debería haberse producido solo si una sentencia obligaba al Ayuntamiento a hacerlo. Lorenzo acusa al gobierno local de no defender el interés general y vincula su crítica con la situación económica municipal, al considerar contradictorio aceptar esa reducción mientras se anuncian ajustes presupuestarios.
El papel del BNG también forma parte del debate político de este expediente. La formación nacionalista había reclamado transparencia cuando se conoció el acuerdo extrajudicial y solicitó los informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención. En el pleno, PSOE y BNG impulsaron una enmienda que evitó que prosperase la moción del PP para anular el pacto y reclamar la cantidad íntegra.
La resolución judicial no cierra, por tanto, la controversia política sobre Nostián. Para el gobierno local, el fallo refuerza su estrategia de asegurar ingresos y acabar con un litigio prolongado. Para el PP, en cambio, la cuestión sigue siendo si la ciudad pudo recuperar más dinero. En el fondo queda todavía el reto principal: la definición del futuro modelo de gestión de una planta que lleva años en el centro de la discusión municipal.