El colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG llama a participar en la huelga general
El colectivo de personas jubiladas y pensionistas de la CIG se movilizó este jueves en las siete ciudades bajo el lema «Somos mayores, también queremos vivir dignamente» para reclamar a los gobiernos español y gallego un plan de choque urgente con medidas frente a la actual carestía de la vida. En las protestas, también se hizo un llamamiento a reaccionar ante esta situación y participar en la huelga general del próximo 11 de noviembre para evitar que «la clase trabajadora gallega seamos quienes paguemos, una vez más, esta nueva crisis, como pasó con las crisis anteriores».
Desde el colectivo denuncian que el aumento constante e imparable de los precios hace más difíciles las condiciones de vida, llevando a la ruina al pueblo y a las clases trabajadoras. «Las personas mayores nos vemos especialmente afectadas por la subida de la electricidad, de los combustibles y de muchos productos de primera necesidad, a lo que hay que añadir los elevados costes de la vivienda, un grave deterioro de los servicios públicos y un retroceso en las políticas sociales».
Por ello, demandaron la aprobación por ley de precios populares en productos básicos de alimentación; precios justos para quienes los producen; y actuaciones «contra quienes especulan en los mercados, contra las empresas energéticas y del comercio de alimentación». Además, reclamaron a los gobiernos medidas para garantizar el derecho a la vivienda y al suministro energético «a las personas mayores con ingresos iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional».
En las concentraciones se puso en valor que las personas jubiladas y pensionistas «también somos parte de esa Galicia que está en lucha por una vida digna» y se incidió en que otras políticas públicas «son necesarias y posibles».
En este sentido, el colectivo reivindicó la revalorización de las pensiones para 2027 conforme al IPC acumulado a final de año y la recuperación del poder adquisitivo que se perdió con la introducción en el año 2021 del índice del IPC medio. También reclamó fijar por ley la pensión mínima en una cuantía igual al SMI, que debe elevarse hasta el 60% del salario medio en el Estado, tal y como recomienda la Carta Social Europea para poder garantizar un nivel de vida decente.
Otra de las demandas se refirió a la creación urgente de un Sistema público gallego de servicios de atención a las personas, integrado por una única red pública de centros asistenciales y residenciales de la tercera edad, centros de día, centros de atención a la diversidad, Servicios de Ayuda en el Hogar y otros servicios; y a que se priorice la atención a través de esta red de recursos públicos antes que las ayudas económicas. Además, pidieron eliminar los copagos en la atención y los cuidados y aprobar una cartera de servicios y precios públicos.
Frenar el proceso de privatización y desmantelamiento de la sanidad pública gallega, reforzar la atención primaria, reducir las listas de espera y garantizar una atención sanitaria pública, universal y de calidad «que respete los derechos de las personas mayores y del conjunto de la población» fueron otras de las demandas que se escucharon durante las movilizaciones.