El colapso y la falta de medios desbordan la sección de violencia sobre la mujer en A Coruña
El sector de Justicia de la CIG-Administración Pública de A Coruña ha lanzado una seria advertencia sobre el crítico estado en el que se encuentra la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de A Coruña. Según la central sindical, la dotación de una nueva plaza de funcionario a comienzos de año ha resultado totalmente insuficiente para resolver las profundas carencias estructurales del departamento, las cuales vienen dadas por una mala planificación, la escaseza de trabajadores y la falta de recursos materiales básicos.
Desde la central sindical apuntan que el problema, lejos de ser una novedad, ha pasado a convertirse en una realidad insostenible ante la falta de medidas urgentes por parte del Poder Judicial y de la Administración competente. Esta inacción institucional repercute de manera directa en la calidad del servicio público que reciben las mujeres afectadas y la ciudadanía en general.
A nivel interno, la precariedad laboral es una constante en esta unidad, donde la práctica totalidad del funcionariado realiza sus tareas en régimen de interinidad. Los sindicatos señalan que ningún trabajador con plaza titular quiere asumir estos puestos a pesar de contar con un incentivo económico más alto en su complemento específico. A esto se suma que el personal de nueva incorporación no recibe ninguna formación específica inicial y se encuentra con jornadas de trabajo agotadoras que superan las diez horas diarias, siendo habitual que las salidas se demoren más allá de las 18.00 horas. El principal motivo de este colapso horario se encuentra en la aplicación informática policial, que permite fijar hasta de diez juicios rápidos en un mismo día y a la misma hora de forma simultánea.
Esta saturación informática provoca demoras sistemáticas que obligan a las víctimas a esperar durante largas horas compartiendo un mismo espacio en la sala de espera, un hecho que incrementa de manera notable su ansiedad y angustia en un momento ya de por sí delicado. Paralelamente, los representantes de los trabajadores critican que el juzgado opera en la práctica como un órgano de instrucción ordinario pero carece de servicio de guardia autónomo, lo que genera retrasos crónicos que hacen que existan expedientes encallados desde el año 2023. En la actualidad, solo dos funcionarios se ocupan de gestionar los asuntos de índole civil como divorcios, pensiones o custodias, lo que dilata la resolución definitiva de los conflictos familiares y extiende en el tiempo la vulnerabilidad de las mujeres ante sus agresores.
La gravedad del escenario ha traspasado el ámbito local, provocando una llamada de atención del propio Consejo General del Poder Judicial. La CIG lamenta que los altos cargos con competencias en esta materia, como el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o el director general de la Lucha contra la Violencia de Género de la Xunta de Galicia, no estén cumpliendo con su obligación de garantizar una respuesta judicial eficaz, dejando a las víctimas en una situación de desamparo.