El campo gallego reclama cambios en el nuevo Plan de Abonado para adaptarlo al minifundio
La entrada en vigor del nuevo Plan de Abonado está generando preocupación entre parte del sector agroganadero gallego. Desde el 1 de septiembre, la normativa estatal establece con carácter general la obligación de elaborar y aplicar un plan de abonado en las explotaciones, aunque contempla determinadas excepciones en función del tipo y el tamaño de la unidad de producción.
El colectivo de ganaderas y ganaderos de Galicia que difunde una reivindicación en la que asegura que apoya los objetivos de protección de los suelos y las aguas, pero considera que la aplicación de las nuevas obligaciones debe adaptarse mejor a la realidad del campo gallego.
Uno de sus principales argumentos es la elevada fragmentación de la superficie agraria. Según los datos aportados por el colectivo a partir de la información del FEGA, en la campaña de la PAC de 2025 se declararon en Galicia 1.240.640 parcelas, repartidas entre unas 22.100 explotaciones. Esto supone una media de 56 parcelas por explotación.
Para el sector, esta particularidad hace que la elaboración de los planes, los análisis de los suelos y el mantenimiento de los registros puedan suponer una carga administrativa y económica especialmente elevada. La dispersión de las parcelas obliga, según explican, a multiplicar los trámites respecto a otros modelos de explotación de mayor dimensión.
La normativa ya ha introducido algunas excepciones y modificaciones para facilitar su aplicación. Entre ellas figuran determinados pastos que no son fertilizados y pequeñas explotaciones de secano o destinadas a pastos y cultivos forrajeros para autoconsumo. El colectivo considera positivos estos cambios, pero reclama que se amplíen los umbrales de exención.
Otra de sus principales peticiones se centra en el asesoramiento técnico. La normativa prevé que este sea obligatorio a partir de 2027 en las zonas vulnerables y de 2028 en el resto de las superficies. Los ganaderos reclaman que este servicio sea prestado por la Administración de forma gratuita y también presencial.
El colectivo pide además que la herramienta gratuita para calcular los planes de abonado esté integrada con el SIGPAC y el Registro de Explotaciones Agrarias. El objetivo sería evitar que los productores tengan que introducir manualmente la información de cada una de las parcelas que forman parte de sus explotaciones.
Por último, reclaman una moratoria de las sanciones mientras no estén plenamente operativas las herramientas de apoyo y las guías necesarias para realizar los análisis y elaborar correctamente los planes.
Su posición, según trasladan, no cuestiona la necesidad de avanzar hacia una fertilización más sostenible. Lo que solicitan es que las nuevas obligaciones tengan en cuenta la especial fragmentación del territorio gallego y cuenten con medios públicos suficientes para que su cumplimiento sea asumible por las pequeñas explotaciones.