CCOO pide medidas urgentes ante la falta de higiene en la oficina judicial de Oleiros
Trabajadores de la oficina de justicia municipal de Oleiros, instalada en lo que fue el Juzgado de Paz, llevan tiempo lidiando con un problema de higiene que, según denuncia el sector de Justicia de CCOO, se ha repetido en más de una ocasión. El sindicato vincula estos episodios al conflicto que mantienen el Concello y la Dirección Xeral de Xustiza a la hora de determinar quién debe hacerse cargo del mantenimiento del edificio y de su coste.
Desde CCOO explican que el reparto de funciones establece que son los ayuntamientos los que facilitan los espacios a la Administración autonómica, mientras que corresponde a la Xunta reservar en sus cuentas las cantidades necesarias para conservar estas dependencias, lo que incluye el pago de suministros como la electricidad y el agua, además del propio servicio de limpieza.
El sindicato considera, no obstante, que ese pulso sobre la financiación o sobre a quién le toca actuar no puede traducirse en que una oficina pública permanezca sin las condiciones higiénicas mínimas. A su juicio, la situación compromete la dignidad de quienes trabajan allí y puede derivar en problemas para su salud y su seguridad en el puesto.
El sindicato exige actuar sin demora
Para CCOO, lo sucedido en Oleiros es un ejemplo más de los fallos organizativos que, según denuncia, arrastra la Administración de Justicia, entre los que cita también la escasez de personal y la demora a la hora de fijar fecha para los juicios. El sindicato añade que mantener sin resolver fallos de prevención ya señalados en distintos puntos choca con el discurso de buen funcionamiento que, dice, se traslada en torno a la puesta en marcha de los nuevos tribunales de instancia.
Con estos argumentos, CCOO pide que, al margen de cómo se resuelva el desacuerdo entre el Concello y la Xunta, se asegure cuanto antes una limpieza periódica en la oficina oleirense. El sindicato avisa de que, de no solucionarse, trasladará el asunto a la Inspección de Trabajo en defensa de unas condiciones laborales adecuadas y de un servicio de justicia público en condiciones.