Un centenar de familias se concentra en el CEIP Gonzalo Torrente Ballester para exigir más recursos para el alumnado con necesidades especiale
La concentración convocada por la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del CEIP Gonzalo Torrente Ballester, en Sigrás (Cambre), reunió este 26 de noviembre a las 14.15 horas a decenas de madres, padres, abuelos, profesorado y vecinos a las puertas del colegio para reclamar más recursos humanos que permitan atender en condiciones dignas al alumnado con necesidades educativas especiales.
Bajo el lema 'Cando Paulo recibe apoio, todo o cole medra', escrito en una gran pancarta, el momento más impactante, recuerda Arantxa Blanco, madre de Paulo, fue 'el silencio absoluto que se hizo cuando la prensa empezó a hacer las fotos, con la pancarta ya desplegada'. Un silencio que, dice, condensaba tanto el cansancio como la determinación de la comunidad educativa.
El CEIP Gonzalo Torrente Ballester cuenta actualmente con una única cuidadora, medio puesto de Orientación, un docente de Pedagogía Terapéutica (PT) y medio de Audición y Lenguaje (AL), una dotación que las familias consideran claramente insuficiente para un centro con alrededor de 190 personas entre alumnado y profesorado.
La AFA lleva meses reclamando a la Consellería de Educación la revisión y actualización de un catálogo de puestos que, según denuncian, no se revisa desde hace más de treinta años, así como la cobertura completa de las plazas de Orientación, PT, AL y personal de apoyo educativo. Su demanda está respaldada por casi 2.000 firmas recogidas entre la comunidad educativa y el vecindario.
En el día a día, la falta de recursos se traduce en situaciones límite para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El caso de Paulo, un niño de tres años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) no verbal, es uno de los ejemplos que ponen rostro al problema: necesita apoyo constante para cuestiones básicas de autonomía, sigue usando pañal y tiende a escaparse si nadie está pendiente de él, especialmente en los recreos.
'Alrededor de Paulo hay un equipo docente muy implicado, pero si no se incorporan más profesionales es imposible garantizar una escolarización plena. No se le puede pedir a la profesora que esté en todo si no tiene refuerzos suficientes', resume Arantxa.
Las familias insisten en que no se trata de un favor, sino de una cuestión de derechos. Recuerdan que la LOMLOE y la Carta Europea de los Derechos del Niño recogen el principio de equidad y obligan a las administraciones a dotar a los centros de los recursos necesarios para asegurar una inclusión real.
La realidad, sin embargo, es que la respuesta institucional sigue sin llegar. 'Desde septiembre envío correos, solicitudes y escritos a la Xunta explicando la situación de Paulo y no recibí ninguna contestación', denuncia Arantxa. Relata que incluso llegó a pedir una reunión con el conselleiro de Educación: 'Me contestaron muy rápido hasta que expliqué el motivo de la cita. En ese momento, dejaron de responder'.
La madre recuerda también una reunión con el inspector educativo del centro. 'Me dejó claro que al colegio no se le iba a mandar ningún profesional más porque, según la ratio, el centro cumple la ley. Incluso llegó a admitir que no leen los informes que se envían desde los colegios porque todos piden lo mismo. Es muy triste tener que estar contando esto', lamenta. A su juicio, el problema está en que 'los catálogos llevan más de treinta años sin revisarse y las necesidades han cambiado muchísimo. Cada vez hay más niños y niñas con necesidades especiales y, sin embargo, hay menos especialistas. Eso no se puede consentir'.
En la movilización de este 26 de noviembre participaron numerosas familias y también representantes de la oposición en el Ayuntamiento de Cambre, concretamente miembros del PSOE, Unión por Cambre y Alternativa dos Veciños, a quienes Arantxa dice estar 'infinitamente agradecida' por su respaldo.
Su visión sobre el papel del gobierno local es, no obstante, mucho más crítica. 'Me siento más comprendida por la oposición que por el gobierno. Pedí cita con la alcaldesa y tardó casi un mes en recibirme, y fue a raíz de que el problema salió en prensa. Desde el gobierno me dicen que todo es muy difícil porque se cumple con la dichosa ley y que ellos solo transmiten lo que les marcan desde arriba', explica. Para ella, el Ayuntamiento 'tiene las directrices muy marcadas' y ha perdido una oportunidad de mostrar un apoyo claro: 'Hoy, por ejemplo, podrían haber venido a la concentración y, que yo sepa, no lo hicieron'.
Arantxa reconoce que llega a esta nueva movilización 'agotada' después de meses de gestiones: 'He tratado con el Concello, he hecho miles de escritos, miles de correos. Creo que no queda ninguna administración a la que no haya llamado a la puerta, pero siento que todo son palos de ciego porque nadie te da una respuesta clara. Son especialistas en el no'.
En el plano personal, sin embargo, asegura que no piensa rendirse: 'En casa vivimos esto con la esperanza y la ilusión de que se pueda conseguir algo. Ahora, después de mucho esfuerzo, Paulo ya consigue aguantar toda la jornada en el cole, y eso nos ayuda a no perder la esperanza'.
Pensando en el futuro, es tajante: 'Esto es solo el principio. Yo, al menos, voy a ir donde tenga que ir, voy a volver donde tenga que volver y no me voy a cansar de luchar. Si la Xunta sigue sin dar una respuesta clara, por supuesto que nos planteamos nuevos pasos de protesta e incluso acciones legales. Voy a llegar hasta donde haga falta'.
Cuando se le pide que imagine el día en el que pudiera decir 'ya está, lo hemos conseguido', la madre lo tiene claro: 'Perdería todo el tiempo del mundo para que ese supuesto se hiciera realidad y mi hijo tuviera por fin una escolarización plena. No pedimos privilegios, pedimos que se respeten sus derechos y los del resto del alumnado del centro'.