Pedro Blanco cierra filas con el plan anticrisis del Gobierno mientras crecen en Galicia las peticiones de más concreción
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, salió a defender el paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo central para amortiguar el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo, en un movimiento con el que el PSOE busca cerrar filas en torno a un plan que ya ha abierto debate político y económico en Galicia. Blanco puso el acento en la idea de un Gobierno 'al lado de la gente' y presentó la respuesta como una continuidad del escudo activado en otras crisis recientes.
El plan, aprobado por el Consejo de Ministros extraordinario del viernes y publicado este sábado en el BOE, moviliza 5.000 millones de euros a través de 80 medidas. Entre ellas figuran la rebaja del IVA de la electricidad al 10 %, la bajada de los impuestos sobre gasolina y gasóleo hasta el mínimo permitido por la UE, la suspensión del impuesto sobre la producción eléctrica, la reducción del impuesto especial de la electricidad al 0,5 % y una bonificación de 20 céntimos por litro para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. El Gobierno aprobó además un segundo real decreto ley para prorrogar hasta dos años determinados contratos de alquiler y limitar al 2 % la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027.
En ese contexto, Pedro Blanco reivindicó la reacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez como una respuesta 'seria y responsable' ante una crisis que, según el Gobierno, ya está trasladando tensión al bolsillo de las familias y de las empresas. El mensaje del delegado encaja con la línea defendida desde Moncloa, que insiste en que el plan pretende proteger a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas y que podrá adaptarse en función de la evolución del conflicto.
Pero el relato del Gobierno no llega sin contestación. El PPdeG aseguró que ve 'bien' las medidas, al entender que van en la línea de propuestas que ya venía defendiendo el Partido Popular, aunque criticó la falta de diálogo previo con las comunidades autónomas y cargó contra la gestión política del Ejecutivo central. La secretaria general de los populares gallegos, Paula Prado, habló incluso de falta de 'lealtad institucional' al considerar que se adoptaron decisiones desde Madrid sin contar antes con las autonomías.
También entre los sectores directamente afectados la acogida es más cauta que entusiasta. Organizaciones del agro gallego valoraron cualquier apoyo en un momento de fuerte presión sobre los costes, pero advirtieron de que la bonificación al combustible y el resto de medidas pueden quedarse cortas si el conflicto se prolonga. Transportistas y representantes del sector primario pidieron además conocer la letra pequeña del decreto antes de hacer una valoración definitiva.
Por su parte, el BNG elevó la presión sobre la Xunta y también reclamó al Gobierno central que dé más pasos. Ana Pontón confirmó que llevará al Parlamento un 'escudo social gallego' con ayudas adicionales para los sectores más golpeados, bonificaciones en el transporte público y apoyo a pymes y ayuntamientos, al tiempo que pidió más medidas para frenar el encarecimiento de la vida.
La reacción de Pedro Blanco, así, no solo busca poner en valor el paquete aprobado en Madrid. También pretende fijar un marco político en Galicia en torno a una idea muy concreta: que el Gobierno ya ha activado su respuesta. El problema para el Ejecutivo es que, apenas 24 horas después del anuncio, el debate ya no está solo en si hay medidas, sino en si serán suficientes, cómo se aplicarán y quién asumirá el coste político de una crisis que sigue escalando.