Monte Mero entra en una nueva fase con la oferta de viviendas de reemplazo para parte de los expropiados
El conflicto urbanístico de Monte Mero dio este lunes, 16 de marzo, un giro relevante. La Consejería de Vivienda comunicó que ofrecerá viviendas de reemplazo a las personas afectadas por las expropiaciones que tengan en el ámbito su residencia habitual y permanente, y convocó una reunión para el día 25 con el objetivo de explicarles el proceso y el alcance de esa alternativa habitacional.
El movimiento de la Xunta toca el punto más sensible de un proyecto que lleva meses generando contestación social en A Coruña. El PIA de Monte Mero prevé transformar más de 40 hectáreas entre Xuxán, la antigua fábrica de armas y los ámbitos de Montserrat y Pedralonga para crear suelo residencial en el que se levantarán más de 4.000 viviendas, con un 80 por ciento sometidas a algún tipo de protección pública. La delimitación del ámbito fue aprobada en junio de 2025 y el proyecto recibió luz verde ambiental en noviembre de ese mismo año.
La novedad anunciada ahora no elimina el conflicto, pero sí introduce un cambio importante en el debate: por primera vez se concreta que la Administración autonómica ofrecerá una solución de reemplazo residencial dentro del propio ámbito para quienes vivan allí de forma estable. Según la información facilitada por la Xunta, esa alternativa podrá materializarse en vivienda colectiva o unifamiliar, y habrá una zona reservada específicamente para ese fin en el futuro desarrollo.
Hasta ahora, la principal crítica vecinal se centraba en que el plan podía acabar con la salida forzosa de familias asentadas desde hace décadas en un entorno de baja densidad. Distintas informaciones publicadas en las últimas semanas recogían estimaciones vecinales de alrededor de 180 o casi 200 personas afectadas y de unas 40 viviendas o instalaciones comprometidas por el nuevo barrio.
Ese malestar se alimentó también por la falta de certezas sobre el encaje de las casas ya existentes. En enero, la Xunta aseguraba que trabajaba para 'minimizar la afección', pero sin garantizar expresamente la conservación de las edificaciones actuales. Al mismo tiempo, el debate político y vecinal giraba alrededor de tres salidas que se venían manejando: una parcela dentro del ámbito, un piso en la nueva urbanización o una indemnización económica.
El Ayuntamiento de A Coruña ya había reclamado a la Xunta 'respeto' para los propietarios actuales y defendido que el desarrollo solo podía ser asumible si incorporaba compensaciones razonables o fórmulas que permitieran a las familias seguir en la zona, bien a través de parcelas, bien mediante acceso preferente a viviendas en el nuevo barrio.
Con todo, siguen abiertas cuestiones decisivas. La oferta de viviendas de reemplazo, tal y como ha sido formulada, se centra en las personas con vivienda habitual y permanente, por lo que queda por ver cómo se resolverá la situación de otros propietarios de terrenos, inmuebles no habituales o edificaciones auxiliares. Tampoco desaparece la discusión de fondo sobre si el diseño definitivo podía haber preservado una mayor parte del tejido residencial actual, una reclamación que sigue muy presente entre el vecindario y también en parte de la oposición municipal.
Además, el horizonte del proyecto sigue siendo a medio plazo. Las previsiones conocidas hasta ahora sitúan la aprobación de los proyectos de urbanización entre 2027 y 2028, por lo que la reunión del día 25 se perfila como un paso clave para medir si la oferta de la Xunta sirve para rebajar la tensión o si, por el contrario, solo abre una nueva fase de negociación sobre quién puede quedarse y en qué condiciones en el futuro Monte Mero.