María Pan declara como investigada por el caso de las horas extra de la Policía Local
María Pan compareció el lunes 23 de febrero como investigada ante el Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña en la causa que analiza el pago presuntamente irregular de horas extraordinarias a agentes de la Policía Local de Cambre. La exalcaldesa era la responsable municipal de Economía, Hacienda y Régimen Interior en 2023, el año en el que se situaron parte de los abonos bajo sospecha.
El procedimiento pone el foco en el uso de gratificaciones por servicios extraordinarios, un sistema previsto para retribuir trabajos fuera de la jornada, pero que, según la documentación incorporada al expediente, pudo emplearse de forma indebida. La cifra que concentra la investigación ronda los 565.000 euros, y las diligencias no se limitan a los responsables políticos: también afectan a otros perfiles vinculados al Ayuntamiento, incluidos miembros del propio cuerpo.
La clave del caso está en si esas cantidades respondían realmente a ‘horas extra’ o si, por el contrario, se abonaron gratificaciones mientras no se cumplía la jornada ordinaria anual. En acuerdos y reportes municipales se recoge la existencia de un “incumplimiento notorio y generalizado” de la jornada ordinaria anual (1.751 horas) en los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023, lo que llevaría a concluir que parte de las horas pagadas como extraordinarias podrían corresponder a trabajo ordinario. En ese mismo marco se cuantifica que, entre 2020 y 2023, se abonaron 632.758,09 euros en gratificaciones y se estimó un importe “presuntamente a devolver” de 565.022,45 euros.
En paralelo, el expediente municipal recoge advertencias sobre el encaje jurídico del sistema de turnos y cuadrantes utilizado, con referencias a documentos internos que no habrían sido aprobados por órgano competente y a la necesidad de ajustar la planificación de servicio a los acuerdos vigentes sobre jornada y organización del cuerpo. Esa discusión técnica es una de las piezas que el juzgado deberá valorar para determinar si hubo irregularidades en la tramitación, reconocimiento y pago de las gratificaciones.
La investigación judicial se activó tras una denuncia del Ministerio Público al apreciar indicios de posibles delitos como prevaricación y malversación en la gestión de estos pagos. Además de la vía penal, el asunto ha tenido derivada en el Tribunal de Cuentas, que abrió diligencias preliminares para concretar posibles responsabilidades contables, posibles responsables y el alcance económico del daño, un frente que el propio Ayuntamiento abordó en pleno al pedir la designación de instructor.