Luz verde ambiental al proyecto de Monte Mero en A Coruña entre el impulso de vivienda pública y el rechazo vecinal
La Xunta de Galicia acaba de emitir el informe ambiental estratégico del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del sector SUD 4 de Monte Mero, en A Coruña, un paso clave para la urbanización de más de 40 hectáreas situadas entre el barrio de Xuxán, la futura Ciudad de las TIC y las áreas de Montserrat y Pedralonga. El plan, impulsado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), prevé habilitar suelo para más de 4.000 viviendas, de las que el 80% serán de protección pública.
El dictamen de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático concluye que no se esperan impactos ambientales adversos significativos derivados del proyecto, aunque establece una serie de condiciones. La administración autonómica exige profundizar en los estudios sobre el ruido que soportará la zona una vez urbanizada, la movilidad y las conexiones viarias con los barrios limítrofes y las necesidades de abastecimiento de agua y saneamiento, así como su integración en las redes existentes. El documento se publicará próximamente en el Diario Oficial de Galicia y en la página web de la Consellería.
El suelo afectado en Monte Mero está ocupado hoy mayoritariamente por terrenos rústicos de carácter agropecuario residual, en los que se dispersan pequeñas edificaciones unifamiliares. El PIA redefine este espacio como un nuevo ámbito urbano de uso predominantemente residencial, con presencia de usos terciarios (oficinas, comercio y servicios) y reservas para equipamientos comunitarios e infraestructuras (zonas verdes, dotaciones públicas y nuevas conexiones viarias).
La operación encaja en la Estratexia Galega de Solo Residencial, con la que la Xunta pretende movilizar suelo para alrededor de 25.000 viviendas en distintos puntos del país, casi todas con algún tipo de protección. En el caso de A Coruña, los polígonos de Monte Mero y San Pedro de Visma suman unas 9.000 nuevas viviendas previstas, lo que permitiría cubrir varios años de demanda estimada de vivienda en la ciudad, según los cálculos manejados por las administraciones.
Sin embargo, el avance administrativo del proyecto convive con un fuerte malestar en el territorio. Las asociaciones vecinales de Eirís y Pedralonga, así como familias propietarias de viviendas en la zona de Monte Mero, llevan meses mostrando su rechazo al PIA al considerar que supondrá el derribo de las 38 casas que existen actualmente en el entorno, donde viven más de 150 personas, muchas de ellas de edad avanzada. Los colectivos denuncian que, aunque inicialmente se les trasladó la voluntad de conservar el mayor número posible de viviendas, el diseño definitivo recoge la desaparición de todas las casas unifamiliares.
La contestación no se limita a la vecindad directamente afectada. La asociación ecologista Adega ha presentado alegaciones al proyecto urbano al considerar que la transformación integral del monte supone una pérdida de suelo verde y reclama un análisis más detallado de las alternativas y de los impactos sobre el medio natural. También se ha sumado a las críticas la formación Alternativa dos Veciños, que ha calificado el sistema de expropiación previsto como un 'atraco' a los propietarios. El partido asegura que la Administración autonómica está manejando valoraciones en torno a 10 euros por metro cuadrado para los terrenos de Monte Mero, frente a otros suelos urbanizables de otras zonas de la comarca donde se estarían pagando alrededor de 100 euros por metro cuadrado, lo que interpreta como una rebaja millonaria del coste para las arcas públicas.
Además de las alegaciones administrativas, en los juzgados de A Coruña ya se han presentado varios recursos contencioso administrativos contra la declaración de interés autonómico del polígono, promovidos por particulares que discrepan tanto de la calificación urbanística como del sistema de expropiación asociado al PIA. Estas impugnaciones podrían alargar los plazos efectivos de ejecución, aunque el procedimiento administrativo siga su curso.
Con el informe ambiental estratégico sobre la mesa, el IGVS deberá ahora incorporar las exigencias de Medio Ambiente a la ordenación diseñada para Monte Mero antes de retomar los siguientes pasos: aprobación definitiva del PIA, proyectos de urbanización, reparcelación y, en su caso, inicio de los expedientes expropiatorios. Mientras tanto, la vecindad afectada insiste en que no se siente escuchada y reclama una negociación más profunda con las instituciones que permita combinar la creación de vivienda asequible con la protección de sus hogares y del carácter rural que aún conserva este rincón de la ciudad.