Losán entra en una fase decisiva: presión política y judicial mientras continúan los impagos en Curtis y Vilasantar
La situación del Grupo Losán, con fuerte implantación en Curtis y Vilasantar, ha dado un nuevo salto en las últimas semanas al pasar del plano estrictamente laboral a un escenario de presión institucional más amplio. La Diputación de A Coruña aprobó una declaración institucional en la que subraya el peso del grupo en el sector de la madera, sitúa en torno a 200 los empleos directos en Galicia y reclama una respuesta coordinada para asegurar la continuidad industrial y el pago de lo adeudado a la plantilla.
El documento provincial incluye, entre otros puntos, la petición expresa de que Xunta y Gobierno del Estado se impliquen activamente y de que cualquier apoyo público quede ligado al mantenimiento del empleo y al cumplimiento de las obligaciones laborales, además de instar a la dirección a presentar una solución empresarial con garantías reales.
En paralelo, el conflicto ha ganado también canal político estatal. El BNG anunció que defenderá en el Congreso una iniciativa para reclamar la intervención del Gobierno y garantizar la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo en las plantas de Curtis y Vilasantar, recordando el papel de la SEPI en el apoyo a la empresa tras la pandemia.
En el ámbito comarcal, ocho alcaldías del entorno de Curtis formalizaron un manifiesto conjunto para exigir la reactivación productiva y el fin de los impagos, y reclamaron una actuación coordinada en la que se implicarían organismos como la SEPI y el Igape. El texto alerta del efecto arrastre sobre proveedores, transporte y sector forestal, clave en el medio rural.
La salida, sin embargo, no se juega solo en el plano institucional. La reestructuración del grupo arrastra antecedentes judiciales: la Audiencia Provincial de A Coruña estimó en 2025 la impugnación de un acreedor (LKW) y declaró que los efectos de los planes no se le extendían por un problema probado de comunicación, manteniéndose la homologación frente al resto. A esto se suma un procedimiento penal impulsado por bonistas por la emisión de pagarés antes del preconcurso, un factor que, según información económica, puede dificultar operaciones corporativas y la entrada de inversores al depender de validaciones en ámbitos clave.
Mientras tanto, el calendario aprieta: el grupo afronta un calendario ajustado para evitar un concurso de acreedores, al tiempo que la incertidumbre sobre la actividad y el impacto social del conflicto siguen creciendo en una comarca muy dependiente de este motor industrial.