La Xunta y Ordes perfilan el verano cultural y ponen el foco en el Xacobeo 2027
El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, se reunió este martes con el alcalde de Ordes, José Luis Martínez, en un encuentro centrado en la coordinación entre ambas administraciones de cara a la programación cultural del verano y a la planificación del Xacobeo 2027. Según la información remitida por la Xunta, la reunión sirvió también para revisar el estado de las infraestructuras necesarias para desarrollar esa actividad y anticiparse al impacto que tendrá la celebración jacobea en un municipio por el que discurre una de las rutas oficiales hacia Santiago.
La relevancia de Ordes en ese calendario viene marcada, en buena medida, por el paso del Camino Inglés. Turismo de Galicia sitúa al municipio en la etapa entre Hospital de Bruma y Sigüeiro, una de las últimas del itinerario hacia Compostela, mientras que la Xunta aprobó en enero el proyecto de trazado de una nueva senda de 1.780 metros en la AC-542 para mejorar la movilidad vinculada a este recorrido, con una inversión de casi 1,2 millones de euros.
El encuentro encaja además en una línea de colaboración ya abierta entre el Gobierno gallego y el Ayuntamiento en el ámbito cultural. En diciembre de 2024, la Xunta financió con más de 100.000 euros la sustitución de la cubierta del Museo do Traxe Juan José Liñares, una actuación que López Campos presentó entonces como parte de la estrategia para reforzar las dotaciones culturales en el rural y mejorar la calidad de la programación local.
En la reunión también hubo espacio para analizar los cambios en la Ley de Patrimonio Cultural con los que la Xunta busca agilizar trámites y reducir tiempos de espera. Según datos oficiales de la Consellería, antes de la reforma en vigor desde el 1 de enero de 2026 la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural gestionaba más de 30.000 expedientes anuales, con plazos de entre seis y 12 meses. En el primer mes tras la modificación, el departamento recibió 2.142 expedientes, 282 menos que en el mismo periodo del año anterior, una bajada que el Ejecutivo atribuye a la posibilidad de que ayuntamientos y particulares resuelvan determinados procedimientos sin autorización autonómica previa.