La Xunta propone una ayuda directa a Galivivenda para asegurar el proyecto de vivienda protegida en Xuxán
La Xunta de Galicia propone conceder una ayuda directa a la cooperativa Galivivenda para garantizar la viabilidad del proyecto de construcción de vivienda protegida en Xuxán, en A Coruña. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, abordó hoy esta medida en una reunión con la gestora de la cooperativa y con socios cooperativistas, junto al secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto.
Según explicó Allegue, la medida se aplicaría si finalmente no se prorroga el plazo para obtener las ayudas con fondos europeos, una cuestión que, según advirtió, pondría en riesgo la ejecución de las viviendas. En ese supuesto, la Xunta otorgaría una subvención con cargo a una partida autonómica por el mismo importe que la ayuda europea, con el objetivo de garantizar la viabilidad del proyecto.
La conselleira recordó que, según la Xunta, el Gobierno gallego ya puso a disposición suelo público a un precio simbólico y tramitó y resolvió en tiempo récord la subvención con fondos europeos, quedando pendiente para iniciar las obras la financiación del préstamo ICO. Allegue criticó al Gobierno central, al que acusó de falta de respuesta y de 'estrangular financieramente' a la cooperativa por las dificultades y cambios para acceder al crédito ICO y por la falta de información sobre la prórroga de los fondos europeos.
La propuesta incorpora requisitos. Entre ellos, Galivivenda deberá ofrecer a los cooperativistas que se dieron de baja la posibilidad de reincorporación. Además, la ayuda quedaría condicionada a que no se amplíen los plazos de finalización de las obras del programa del PRTR para vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, ni se apruebe por parte del Estado una financiación específica para estas obras.
Otro requisito clave es que el préstamo con el ICO se firme antes del 31 de agosto de 2026, como garantía de viabilidad de la promoción.
La Xunta sostiene que adopta esta decisión ante la incertidumbre sobre los plazos europeos y para dar una solución a las familias afectadas, defendiendo que la vivienda protegida tiene un precio tasado y que no deberían imponerse condiciones financieras más exigentes que las de la banca privada.