La Xunta exige al Gobierno que asuma las compensaciones a las mariscadoras de la ría de O Burgo
La Consellería do Mar critica la negativa del Estado a asumir íntegramente las compensaciones económicas para las mariscadoras de la ría de O Burgo, calificando su postura de "irresponsable". El Ejecutivo central ofrece cubrir solo la mitad de las ayudas, lo que la Xunta interpreta como un intento de "eludir responsabilidades" y evitar sus obligaciones como único promotor de las obras de dragado en esta zona productiva. Además, señalan que esta oferta contrasta con su reiterada ausencia en las reuniones convocadas por la cofradía.
Desde la Xunta recuerdan que el pasado 27 de enero enviaron una carta de respuesta al secretario de Medio Ambiente, Hugo Morán, instando al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) a corregir las deficiencias detectadas en la ejecución de la obra. Según un informe técnico de la cofradía, 24 de los 27 bancos marisqueros quedaron en peor estado tras la intervención, afectando a todas las zonas de marisqueo a flote y a 20 de los 23 bancos de marisqueo a pie.
El informe detalla problemas como la reducción de las superficies productivas, cambios en la batimetría, modificaciones en las características granulométricas y daños causados por la maquinaria pesada. Esta situación compromete seriamente el futuro del sector marisquero y genera una gran incertidumbre para las personas afectadas.
La Xunta también acusa al Gobierno central de "insensibilidad" hacia las 70 familias perjudicadas, afirmando que trata a las mariscadoras como "daño colateral" y pretende que sea la Administración autonómica quien asuma los efectos de unas obras ejecutadas por el Estado. La postura de la Xunta está respaldada por un informe de la Universidad de Santiago de Compostela, que concluye que la responsabilidad del pago de las ayudas recae en el promotor de los trabajos de dragado.
El Ejecutivo gallego reitera su apoyo a las demandas del sector e insiste en que las compensaciones deben cubrir el período de inactividad hasta que los bivalvos sembrados alcancen tamaño comercial. Recuerdan que esta obligación está recogida en la declaración de impacto ambiental publicada en el BOE el 27 de septiembre de 2017, un punto que, según denuncian, el Gobierno central está incumpliendo de manera "flagrante".